El exgobernador interino debe ser enjuiciado en Coahuila y condenado por su conducta ilegal e inmoral, así como sus cómplices, quienes contribuyeron a construir una isla de impunidad

La pandemia nos ha ofrecido una oportunidad extraordinaria: atestiguar, en tiempo real, la declaración de culpabilidad de un exgobernador de Coahuila, ante una jueza federal de los Estados Unidos, de delitos cometidos durante su ejercicio como funcionario público.

Normalmente, aunque los juicios penales son públicos, no pueden ser videograbados y no podemos conocer, como no sea mediante dibujos, las expresiones de las partes y las palabras exactas del diálogo entre quienes intervienen en las audiencias. Pero debido a las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia hemos podido acceder a tales elementos.

Gracias a ello, hemos visto al exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, portando el uniforme de prisionero, comparecer de manera remota ante la jueza Nelva Gonzales y escuchar, sin intermediarios, su reconocimiento explícito de haber cometido delitos durante el tiempo que ocupó un alto cargo público en nuestra entidad.

Una frase, en particular, del diálogo sostenido entre Torres López y la jueza estadounidense debe guardarse para la posteridad: tras repetirle reiteradamente sus derechos, cuestionarle si entendía las consecuencias de declararse culpable y si alguien le había presionado o realizado promesas a cambio de tal declaración, Gonzales preguntó: “¿se está declarando culpable porque es culpable?“. La respuesta del exmandatario fue: “sí, su señoría”.

El simbolismo de este hecho va mucho más allá del romanticismo de considerar que la justicia “siempre triunfa”. Se trata de un hecho que debe conducirnos a una reflexión muy seria respecto de la forma como se ejerce el poder en nuestro País.

No debe olvidarse en este sentido que, al jurar el cargo que se le confirió, Torres López se comprometió a “guardar y hacer guardar” los ordenamientos que regulan la vida pública, es decir, le prometió a los coahuilenses no solamente que se conduciría con rectitud, sino que obligaría a todos los demás a hacer lo mismo.

Escucharle reconocer que hizo exactamente lo contrario y que lo hizo para obtener ganancias personales, para enriquecerse de forma ilegal, representa el reconocimiento de una traición al pueblo de Coahuila y la asunción de que tuvimos al frente de los destinos de la entidad a un individuo que no merecía tal honor.

Por ello, más allá de la sentencia que le impongan las autoridades de Estados Unidos, por haber violado sus leyes particulares en materia de uso de su sistema financiero, Torres López debe ser enjuiciado en Coahuila y condenado por su conducta ilegal e inmoral.

Además de él, tendrían que ser juzgados y condenados quienes fueron sus cómplices y quienes, durante los últimos años, contribuyeron a construir la isla de impunidad que le habría permitido gozar de ella si no hubiera tenido el “mal tino” de intentar ocultar el dinero mal habido en instituciones bancarias del vecino país.