E n Coahuila se ha insistido, a lo largo de casi una década, que la corrupción demostrada (en Estados Unidos) a funcionarios de la administración que compartieron Humberto Moreira y Jorge Torres, no involucró dinero público pues no se han detectado “extracciones” de recursos de las arcas estatales que hayan terminado en cuentas bancarias en el vecino país.

En estricto sentido esa afirmación es falsa. Veamos el porqué.

Como se ha informado en las últimas horas, el exgobernador interino Jorge Torres López confesó ante una juez estadounidense que recibió sobornos de contratistas de obra pública durante el tiempo en que fue funcionario público estatal.

También confesó que para ocultar el dinero que de forma ilícita recibió conspiró con otras personas para trasladar ese dinero a Estados Unidos, depositarlo en cuentas bancarias y adquirir inmuebles en el vecino país. Parte del acuerdo que negoció con la fiscalía estadounidense incluye justamente entregar una propiedad adquirida con ese dinero.

La lógica –tramposa– con la cual se pretende concluir que no se trata de dinero público, sino de sobornos de una persona moral privada, busca obviar el detalle principal de la historia: para que el “dinero privado” llegara a manos de Jorge Torres primero debió salir de las arcas públicas.

El mecanismo para hacer esto es muy sencillo y se ha documentado en cientos de casos: una obra pública –o un contrato de cualquier tipo– se pacta con un ente privado a un precio por encima de su valor real y la diferencia termina convertida en sobornos.

No existe otra forma de hacer esto, porque quien recibe un contrato –público o privado– no va a sacrificar sus ganancias para que quienes le favorecieron con el mismo sean los únicos que al final obtengan dividendos. En otras palabras, los sobornos forman parte del “presupuesto” del contrato y se calculan más allá de las ganancias del contratista.

En eso consiste la “conspiración”: en ponerse de acuerdo para extraer indebidamente dinero de las arcas públicas “inflando” el costo real de las obras o los servicios contratados y de esta forma “lavar” los recursos ilícitos.

Así pues, el dinero que le han incautado a Jorge Torres –y antes a Javier Villarreal– es dinero público, es dinero de los contribuyentes coahuilenses que debería ser rescatado ahora que las autoridades de Estados Unidos han hecho la mayor parte del trabajo.

¿Por qué sigue insistiéndose acá en afirmar que no falta ni un centavo en las arcas públicas y se omite acudir a las cortes estadounidenses para recuperar lo que es de los coahuilenses?

La respuesta es una sola y se ha señalado anteriormente: porque los poderes públicos de Coahuila siguen estando poblados por individuos que forman parte de la red de complicidad que ha permitido –y sigue permitiendo– la corrupción y la impunidad.