Luego de casi dos años de permanecer en una prisión estadounidense, tras ser deportado por México, el juicio en contra de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” inició ayer en una corte de Nueva York. Al presunto líder del Cártel de Sinaloa se le acusa de haber introducido cientos de toneladas de cocaína y otras drogas a territorio del vecino país.

De acuerdo con el procedimiento, al iniciar el juicio el abogado de Guzmán, Jeffrey Lichtman, expuso al jurado –que decidirá si el sinaloense es inocente o culpable– las líneas generales de su estrategia de defensa, misma que consiste en ubicar a su cliente como una “figura secundaria” en la estructura del cártel y señalar a Ismael Zambada “El Mayo” como el verdadero líder.

Como parte de su argumento de apertura, Lichtman dijo ayer que Zambada se encuentra libre gracias a la entrega de millonarios sobornos al gobierno mexicano, específicamente al actual presidente Enrique Peña Nieto, así como a su antecesor Felipe Calderón.

Como era de esperarse, el señalamiento se ha convertido en la nota del día debido a la relevancia política que tiene una afirmación de este tipo, incluso si es puesta sobre la mesa por el abogado de un individuo cuya trayectoria criminal se encuentra lejos de toda duda.

Habrá que esperar, desde luego, a que el juicio se desarrolle y ver si la defensa de Guzmán Loera aporta alguna evidencia que demuestre su dicho, o si solamente se trató de un argumento más, planteado como parte de una intervención inicial que carece de valor jurídico en el proceso y que es, esencialmente, un “discurso político” que busca fijar las líneas argumentativas en las cuales se basará la defensa.

No debe despreciarse, desde luego, el peso mediático y político que tiene el señalamiento y sería de esperarse que el abogado de “El Chapo” no haya actuado de manera frívola en un intento por construir una narrativa mediática del juicio, al margen de las pruebas que presentará ante el juez.

En todo caso, resulta indispensable que las autoridades mexicanas –las del actual y las del futuro gobierno– estén atentas al desarrollo del proceso, no sólo ante la posibilidad de que se presenten evidencias respecto de los presuntos sobornos, sino porque podrían surgir elementos que permitan esclarecer actos delictivos cometidos en México.

Por lo demás, valdrá la pena que la clase política mexicana no ceda a la tentación de recrear el vicio en que sistemáticamente se incurre, de utilizar un elemento que, al menos hasta el momento, carece de validez alguna para desatar una guerra mediática de acusaciones vacías, sino que se concentren en la evidencia objetiva que surja de este juicio.

Si en el proceso se exhiben pruebas de que el poder corruptor de Guzmán Loera y sus secuaces ha llegado hasta el más alto peldaño del poder en México, que se actúe sin contemplaciones en contra de quien sea. Por lo pronto, sin embargo, lo que nadie debería perder de vista es que, quien se encuentra en el banquillo de los acusados, es uno de los individuos que, desde la actividad criminal, ha causado un enorme daño a la sociedad mexicana.