Las investigaciones están apuntando ya hacia donde era fácil intuir que debería dirigirse: abogados y notarios, cuya participación era indispensable para concretar el multimillonario negocio

No hace falta ser especialista en derecho ni tener experiencia en investigación criminal para intuir que en el caso de los denominados “megajuicios” hay más personas implicadas además de los 18 funcionarios judiciales que, de acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia, han sido señalados por el hecho.

Como ha informado VANGUARDIA, la nueva administración del Infonavit a nivel nacional detectó la realización de juicios masivos en diversas entidades del País, mediante los cuales se remataron cientos de miles de casas debido a que los titulares de los créditos presuntamente dejaron de pagarlos.

Por razones que aún no quedan claras –aunque es bastante sencillo sospecharlas– en Coahuila se judicializó el mayor número de casos –130 mil, según se ha informado– en juzgados de primera instancia ubicados en Sabinas, Parras de la Fuente y Torreón.

El problema es que la mayor parte de los juicios realizados en nuestra entidad no corresponden a viviendas que se ubiquen en el territorio estatal, sino a casas localizadas en la Ciudad de México, Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León y Baja California.

¿Por qué razón Coahuila resultó la “tierra fértil” para este tipo de casos? La respuesta es simple: porque aquí se encontró a las personas con la suficiente ambición y ausencia de escrúpulos para aceptar involucrarse en un esquema que, más allá de constituir un acto de perversión de la ley, implicaba sin duda ganancias importantes.

Al respecto, el Fiscal Anticorrupción de Coahuila ha dicho que se ha interrogado a diferentes personas involucradas en los hechos y la información que han proporcionado implica que se abran “caminos nuevos que estamos profundizando para fortalecer estas investigaciones”.

A partir de estas nuevas líneas de investigación, la Fiscalía estaría planteándose enderezar acusaciones en contra de 15 personas adicionales, algunas de ellas fuera de las instituciones públicas estatales.

En otras palabras, las investigaciones están apuntando ya hacia donde era fácil intuir que debería dirigirse: abogados y notarios, cuya participación era indispensable para concretar el multimillonario negocio que implica hacerse, a precio de ganga, con desarrollos habitacionales enteros financiados con recursos de los trabajadores.

Quienes entienden del proceso que implica hacerse de un bien mediante una subasta judicial afirman que se está hablando de miles de millones de pesos involucrados, tan sólo en los honorarios de los despachos que debió contratar el Infonavit para litigar los casos.

¿Cuánto de ese dinero terminó en manos de los funcionarios judiciales de Coahuila a cambio de su complicidad en el ilícito? ¿Hasta dónde llegó el esquema de corrupción dentro del Poder Judicial de Coahuila, cuyos mecanismos internos jamás lograron detectar lo que ocurría?

Se trata de preguntas cuyas respuestas resultan deseables aparezcan a partir del trabajo de investigación de la Fiscalía Anticorrupción.