Durante la última década el Estado mexicano construyó una política nacional para transformar el sistema de justicia penal. La idea central fue garantizar en la práctica un modelo acusatorio que desde 1917 se planteó en nuestra Constitución para que toda persona tenga derecho a ser juzgada de manera pública por los delitos que se le acusen dentro del debido proceso penal.

Se han invertido miles de millones de pesos en infraestructura para los juicios orales, para desarrollar los protocolos de actuación y capacitar a los operadores del sistema. Hoy tenemos un sistema penal con retos y desafíos claves, sí, pero sin duda un mejor modelo de justicia que el de antes.

En México, la larga historia de las prácticas inquisitoriales generó el abuso del poder penal durante los siglos 19 y 20. Esta forma de actuar se distingue por la concentración de la potestad punitiva en un solo órgano inquisidor para buscar, identificar y sentenciar a los responsables de un delito. A la lógica inquisitorial no le importan los derechos ni tampoco la justicia. Sólo le interesa confirmar las intuiciones arbitrarias, que una persona puede llegar a tener, para castigar los delitos. No hay límites razonables para buscar, confrontar o constatar la verdad.

Los jueces penales tienen un gran valor en la sociedad democrática. Por un lado, deben velar por la no impunidad del delito, pero también son los encargados de que el imputado y la víctima tengan un juicio justo para reclamar sus derechos en pie de igualdad. Las personas, si van a ser declaradas culpables, es porque el órgano acusador demostró en juicio y de manera suficiente su responsabilidad para no sólo imponerle la pena, sino también para condenarlo a la reparación del daño, a fin de que la víctima pueda tener acceso a la protección de su dignidad vulnerada.

Pues bien, la característica fundamental del juicio debido es su publicidad. No sólo se trata de que el imputado sea juzgado en una sala a la luz de todos para evitar la opacidad que genera arbitrariedad. En la sombra inquisitorial se condenaba, sin razones, a las personas. Hoy los jueces tenemos que explicar públicamente nuestros fallos. Por regla general no podemos reservar el juicio público, salvo las excepciones que estén plenamente justificadas.

Pero esta exigencia de los juicios públicos nos obliga a los jueces a practicar una justicia penal abierta que facilite a la ciudadanía por qué condenamos o absolvemos a las personas. El imputado, por supuesto, tiene derecho a saber de manera clara, precisa y accesible el por qué resulta culpable. Está en juego su libertad y ese gran valor preciado en nuestra comunidad sólo puede ser restringido por una pena debidamente explicada y justificada en forma pública.

Los jueces penales, por tanto, no sólo deben ser claros en las audiencias. Tenemos que ser precisos en nuestras sentencias. Las personas tienen derecho a acceder a nuestros fallos para que conozcan la manera en cómo resolvemos los problemas que en cada resolución debemos explicar y justificar.

Desde que inicié mi función judicial comencé una estrategia personal de difusión de mi actividad jurisdiccional. He tratado de impulsar buenas prácticas para explicar las sentencias del tribunal, mis votos particulares y las tesis que compilan nuestros precedentes judiciales. Dentro de poco sistematizaré una página en Internet para facilitar un sitio proactivo y que las personas conozcan con mayor facilidad toda mi función jurisdiccional.

La actividad de un juez penal es tan relevante en una sociedad democrática cuanto más se aprecie la libertad y dignidad del imputado, la no impunidad del delito y la protección efectiva de los derechos de las víctimas. No es fácil encontrar los equilibrios de los derechos cuando se colisionan, pero el juez debe ser lo suficientemente prudente para expresar sus razones públicas que determinan sus condenas o absoluciones.

Siempre he pensado que el mejor control de la arbitrariedad es la publicidad. Por eso, mientras más público sea el juicio, menos injusticias se pueden cometer en la oscuridad. Mi propósito será cada vez más generar espacios de deliberación pública para conocer los fallos en los que me corresponde juzgar.

LA SEGURIDAD DEL JUEZ PENAL

La publicidad del juicio genera riesgos. Los jueces imponen penas a personas que representan no sólo un daño a la víctima y a la sociedad, sino también a los propios jueces. Hace algunas semanas fuimos testigos del asesinato de un juez federal, y su esposa, a quien le correspondió resolver asuntos de delincuencia organizada.

La mejor manera de honrar la memoria de un juez penal asesinado por su labor es velar institucionalmente para que el crimen no quede impune. Pero también, desde lo institucional, se debe sensibilizar a la sociedad de la difícil tarea que enfrentan los jueces penales porque hoy más que nunca se requieren políticas públicas para proteger a los que pueden estar en riesgo grave.

Así como la sociedad merece jueces imparciales, independientes y honestos, aquellos que honren su función merecen ser protegidos por su gran labor cuando estén en riesgo.