Desde 1994, en Renace trabajamos por mejorar la justicia penal en México. 

Ofrecemos servicios de asistencia jurídica y psicosocial a fin de que las autoridades respeten los derechos de las personas vulnerables en conflicto con la ley, procurando lograr su reinserción en la sociedad y asistiendo a sus dependientes durante el proceso.

En este 2018 hemos atendido a más de 3 mil 997 personas y logrado la libertad de 600. Es por el nuevo sistema acusatorio que podemos defender los derechos de las personas y trabajar por evitar su reincidencia en actos delictivos o violentos.

Prevenimos la violencia de niñas y niños, trabajamos con adolescentes en riesgo, con mujeres y hombres que están siendo acusados de un delito o se encuentran en prisión. Bajo el enfoque de solidaridad y justicia nos aseguramos que las personas que reciben atención por parte del equipo tengan una vida distinta después de haber pisado nuestras oficinas.

Porque enfrentarse a la justicia en México no es cualquier cosa. Si no cuentas con un defensor adecuado que pueda defenderte en la audiencia, es probable que seas declarado culpable. Si ingresas a prisión, tu familia tendrá que pagar cerca de 4 mil pesos mensuales para asegurar tu integridad. Si no tienes la garantía que, al terminar el proceso, puedes regresar a una educación de calidad o a un trabajo estable, es altamente probable que en la desesperación vuelvas a encontrarte en al inicio del ciclo delictivo. 

Hemos visto las fallas del sistema acusatorio. Es por ello que impulsamos estrategias para brindar de mayor capacitación a operadores, para fortalecer a las instituciones encargadas de procurar y de impartir justicia, para desarrollar políticas públicas que aseguren atención de calidad para víctimas, imputados y la sociedad en general.

Acudimos con autoridades para sumar esfuerzos y asegurarnos de velar por los principios que rigen el sistema penal vigente. Es por ello que nos parece alarmante que en la Cámara de Senadores se haya aprobado y que en la Cámara de Diputados se esté discutiendo una ley que atenta contra la presunción de inocencia porque propone ampliar el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa y que impactará directamente a las personas en situación vulnerable y pobreza.

Esta contra reforma solo dejará prisiones con mayores problemas de hacinamiento, autogobierno y no impactará en la reducción de la incidencia delictiva. Afectaría a personas de escasos recursos que no tienen efectivo acceso a la justicia (aquellos por los que votaron por la alternancia este 1 de julio). Los más vulnerables acabarían en prisión por ley; sin haberse comprobado si son culpables o inocentes.

Decimos hoy a los Diputados. Escuchen a las organizaciones civiles y a expertos. Conozcan las propuestas y los modelos que ya han dado resultados en el fortalecimiento del sistema de justica. Hay otras alternativas.


Martin Carlos Sánchez Bocanegra es Director General de Institución Renace A. B. P. @RENACE_ABP  

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