La 4T y los negocios, ¿inmorales?, del hijo de Manuel Bartlett

Uno de los estandartes que el actual Gobierno de la República ha expuesto con mayor energía frente a la sociedad es su determinación de “erradicar” la corrupción, En eso, aseguran, estriba su mayor diferencia con “los gobiernos del pasado”, es decir, con lo que ellos denominan “el período neoliberal”.

Sin embargo, como van dejando claro los hechos, quienes hoy pueblan la nómina burocrática no se diferencian mucho de sus antecesores y los actos que en aquellos son condenados con severidad se cometen igualmente por quienes hoy son “cercanos al gobierno”.

Es el caso justamente de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett Díaz, director General de la Comisión Federal de Electricidad, quien ha recibido múltiples contratos por parte del Gobierno de la República para proveerles diversos bienes y servicios.

Uno de los más recientes es el relativo a una compra de ventiladores –para asistir a enfermos graves de coronavirus–, que el hijo del alto funcionario mencionado ha vendido a un precio que supera cualquier otro conocido hasta ahora en las licitaciones de las cuales se tiene noticia.

Además de eso, al hijo de Bartlett se le han adjudicado otros contratos para la adquisición de equipo médico –sin licitación de por medio– al amparo de la emergencia que representa la enfermedad causada por el coronavirus.

“El 30 de abril, el hijo de Bartlett recibió un contrato por 94.9 millones de pesos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), sin licitación, amparado en las reglas de compras por la emergencia a consecuencia del coronavirus”, afirma el columnista Carlos Loret de Mola en un artículo publicado por The Washington Post.

Con ello, serían ya siete los contratos que se adjudican a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad del hijo de Bartlett, amparados en el contexto de la pandemia.

La pregunta es, ¿qué habrían dicho los personeros y voceros oficiosos de la 4T si contratos como estos hubieran sido adjudicados en el pasado a hijos o familiares –incluso lejanos– de cualquier funcionario del Gobierno de la República? ¿Acaso no habrían tildado tales hechos de corrupción?

Frente a estas circunstancias resulta obligado cuestionar si los hechos que estamos atestiguando en este momento no deben ser calificados igual o, al menos, ser tratados con desconfianza en tanto se demuestre lo contrario.

La experiencia enseña que pensar mal ofrece altas probabilidades de acertar y que si una empresa gana contratos jugosos y “casualmente” es propiedad de un familiar cercano a un alto funcionario del Gobierno federal, entonces conviene considerar la posibilidad de que la “suerte” de esa empresa no sea obra de la casualidad, sino más bien producto de la causalidad.

Y, en el caso de una familia cuyo apellido es Bartlett, la experiencia aconseja dudar incluso el doble, porque la historia detrás de dicho apellido no es una buena carta de recomendación, por más que el actual Presidente quiera vendernos a su socio y amigo como un individuo digno de reconocimiento.