La semana pasada, la calificadora global de riesgo crediticio Standard & Poor’s (S&P) advirtió que revisaría determinados datos que hacen posible cambiar de “estable” a “negativa” su perspectiva sobre la calificación crediticia de México. De acuerdo con esta calificadora, hay “al menos una en tres posibilidades de bajar la calificación crediticia de México en los próximos 24 meses si la deuda del gobierno o el costo financiero de esa deuda se deteriora”.

En ese mismo reporte, S&P señala que la deuda general neta del gobierno ha aumentado de 28% del PIB en 2005 a 45% en 2016 y espera que siga creciendo hasta 48% en 2018.

Este problema se agrava porque esa deuda son recursos que no se están reflejando en un crecimiento económico más vigoroso. Y aquí la calificadora recuerda que México ha sacado adelante más reformas estructurales que la mayoría de los mercados emergentes, pero que nuestra tasa de crecimiento ha sido “decepcionante”. En particular, S&P reconoció como “impresionantes” las reformas estructurales que se aprobaron para modernizar la economía y que se llevaron a cabo al principio del sexenio. Pero el final de ese reconocimiento lo dice todo: “Sin embargo, las debilidades en gobernanza, que reflejan en parte un débil Estado de derecho, y las percepciones de corrupción, limitan los beneficios de estas reformas, especialmente al restringir la inversión”.

En el mismo reporte, la calificadora también dice: “La democracia ha traído estabilidad y cambios regulares de gobierno, pero no ha creado dinamismo económico o mejorado la seguridad pública. Pensamos que México enfrenta a largo plazo un riesgo mayor debido a la pobre gobernanza y desempeño económico débil que el riesgo de un cambio radical en políticas económicas”.

No tengo duda de que las reformas estructurales aprobadas en este sexenio eran necesarias. Un poco tarde sí, pero mejor tarde que nunca. Desde luego hay diferencias en algunos detalles y en la forma en que se llevaron a cabo ciertas reformas, y habrá que revisar si se ha puesto atención en la implementación. Es claro que las reformas son instrumentos que el País necesitaba para modernizar aspectos clave de la economía a fin de lograr el crecimiento que, acompañado de una política incluyente, sería exitoso. Pero en cuanto a las reformas, se tratan de medios para lograr algo y no de fines en sí mismos. Para que los resultados se den, se requieren algunas cosas más que son fundamentales y que la calificadora señala como desafíos: el fortalecimiento del Estado de derecho y evitar la corrupción que afecta todos los días. Ahí en la impunidad y la corrupción están nuestros mayores obstáculos para que se logre una economía dinámica con más oportunidades para la gente. No podemos dejar pasar más tiempo, no porque lo diga la calificadora, ni siquiera para que no se cumpla la advertencia, sino porque se trata de seres humanos, de nuestro País y su desarrollo. La impunidad y la corrupción son lastres para todos, para las empresas, para la inversión, para el empleo, para las familias y también para el gobierno, a fin de que se implementen políticas públicas acertadas.

Para muchos es frustrante ver un gran País y sin resultados prósperos y de desarrollo. Sin duda, la reforma estructural que más necesitamos es la de la legalidad de todos los días. El Estado de derecho es una urgencia para todos, no sólo para grandes empresas cuyos directivos entran a ver las mediciones de S&P o de Moody’s, sino también lo es para la señora que tiene un taller de costura y que la desigualdad y la falta de legalidad no le permiten generar un empleo más o recibir un ingreso suficiente para su familia.

Quiero recalcar que la urgencia es fortalecer el Estado de derecho, la legalidad y la ética. ¿Estamos tomando como sociedad y como País los pasos necesarios para realizarla? ¿O estamos simplemente tratando de administrar la inercia? Mal haríamos en ser indiferentes a esta advertencia.