La captura de la Corte

Acuerdos, amarres y pactos de alto nivel permitieron, hace casi 10 meses, que Arturo Zaldívar llegara a la presidencia de la Corte. Esa historia, hasta ahora contada a trozos, a la que se sumó ya la forzada dimisión de un ministro y el amago de reformas constitucionales sobre el Poder Judicial, parece estar imponiendo un tono propagandístico en quien encabeza al máximo tribunal. Podríamos estar presenciando su rendición en la hoguera purificadora de la Cuarta Transformación.

Es ya larga la lista de pronunciamientos del ministro presidente en favor de que los jueces "lean los resultados de la elección", o que impulsen un "constitucionalismo transformador", término acuñado hace años en Sudáfrica.

Zaldívar Lelo de Larrea, abogado queretano que en agosto pasado cumplió 60 años, se forjó desde 1985 un sólido prestigio como abogado litigante, lo cual pese a no tener carrera judicial, le abrió en 2009 las puertas de la Corte a propuesta del entonces presidente Felipe Calderón, uno de los villanos favoritos del presidente López Obrador. Por ello tiene aroma a oportunismo político su señalamiento de que el exmandatario panista lo presionó. Y se comprende que hayan levantado las cejas otros jueces federales que, infinitamente menos protegidos, soportan en silencio amenazas de narcotraficantes, abogados venales y políticos de horca y cuchillo.

El 2 de enero, en la jornada que marcó la designación del presidente de la Corte, un grupo de ministros se congregó confidencialmente en busca de confirmar los votos necesarios para frustrar la candidatura de Zaldívar e imponer a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Zaldívar, con perfil progresista pero ajeno al mundo judicial, con las suspicacias que ello atraía, y ya con el cariz de una cercanía pública con el gobierno López Obrador. Ortiz Mena, de acreditado rigor técnico, pero identificado con el PRI, incluso con su aula más dinosáurica, por la vía de Emilio Gamboa y otros personajes.

Cada bloque contaba con cinco votos "amarrados", de 11 posibles. Ambos negociaron con Eduardo Medina Mora, que tuvo coqueteos con uno y con otro. Había rehusado comprometerse con su amigo y enviado del expresidente Enrique Peña Nieto, el que fuera consejero jurídico Humberto Castillejos, que sí convenció en favor de Zaldívar a otro ministro: Javier Laynez. Vino el cierre desde Palacio Nacional, cuyo pacto con Medina y, pese a ello, la posterior defenestración de éste, serán sin duda una de las historias más fascinantes del sexenio.

Zaldívar ha avanzado en el control del Poder Judicial de la Federación, no sin resistencias internas. Providencialmente, en las próximas semanas el Consejo de la Judicatura federal, responsable de vigilar a jueces y magistrados, cambiará en las próxima semanas a cuatro de sus seis integrantes, lo que atrae el riesgo de una "colonización" desde el Ejecutivo.

La otra parte de la pinza la representa un amago de reforma impulsada desde el Senado por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal. Martí Batres, también de Morena pero adversario político del zacatecano, se preguntó apenas el viernes en estas mismas páginas: "¿Cuál es la idea? ¿Reformar al Poder Judicial o construir una red de intereses desde el Senado para intervenir en él?".

Es indispensable no perder de vista el proceso. Un desmantelamiento de la Corte nos haría retroceder al menos 25 años en materia de equilibrio de poderes y administración de justicia.

Apuntes: El magistrado electoral José Luis Vargas, que ayer se embarcó en una polémica en torno a presuntas indagatorias oficiales de enriquecimiento inexplicable, se halla en otra batalla. Busca desplazar a su colega Janine Otálora, expresidenta del tribunal federal, de la banca que le corresponde a éste ante la Comisión de Venecia. Se trata de un órgano creado en 1990 por el Consejo de Europa para asesorar en diseños constitucionales a las nuevas democracias de Europa central y del Este. Nadie entiende el jaloneo entre ambos, pues se trata de un cargo honorario…, como no sea por viajecitos frecuentes a esa ciudad italiana de ensueño.