Pareciera que estamos ante la evidencia de que, en materia de combate a la corrupción, seguimos exactamente igual que siempre

Luego de muchos meses de indefinición, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció, el 14 de julio pasado, el “nuevo” esquema con el cual adquiriría carbón mineral a los pequeños productores de la región Carbonífera de Coahuila.

Los funcionarios que participaron en la conferencia de prensa, en la cual se hizo el anuncio aseguraron que el “nuevo esquema” tenía como propósitos fundamentales “erradicar el coyotaje, eliminar la corrupción, dar preferencia a los pequeños productores, que exista honestidad y contar con precios justos”.

Alejandro López, director de Administración y Servicios de CFE, explicó entonces que el padrón de proveedores -pieza clave del “nuevo” modelo de adquisición del mineral- no se haría público “por cuestiones de seguridad”, una decisión que entonces sonó extraña y que hoy hace levantar sospechas.

Y es que bastaron apenas unas cuantas horas, luego de que se diera a conocer el padrón -derivado de una filtración-, para demostrar que, pese a todo, lo dicho por los funcionarios de CFE y la Secretaría de Energía, el “nuevo” padrón está lejos de cumplir con los encomiables ofrecimientos de “erradicar el coyotaje, eliminar la corrupción” o “que exista honestidad”.

Las preguntas son obligadas:

¿Qué clase de verificaciones hicieron los funcionarios federales, que resultaron incapaces de identificar que una de las empresas a las cuales admitieron al padrón, “Comercializadora y Arrendadora La Carbonífera S.A. de C.V.” es, en realidad, una “empresa fantasma”?

¿Debemos creer que es un “simple error” -que a cualquiera le puede pasar- o, por el contrario, sospechar que el resultado final de todo el proceso no consistió más que en sustituir a quienes antes se beneficiaban irregularmente de los contratos de carbón por otros que harán exactamente lo mismo?

¿En verdad se decidió mantener oculto el padrón de proveedores por “cuestiones de seguridad” o se trató solamente de un ardid para evitar que se descubriera antes lo que al final ha quedo a la vista de todos?

No se trata de preguntas menores, sino de cuestionamientos que merecen respuestas puntuales, pues una vez más pareciera que estamos ante la evidencia de que, en materia de combate a la corrupción, seguimos exactamente igual que siempre: mucho ruido y ninguna nuez.

Cabría esperar que el Gobierno de la República, específicamente la Secretaría de la Función Pública, abra de inmediato una investigación en relación con la confección del “nuevo” padrón de pequeños proveedores de carbón a la CFE, con el propósito de aclarar lo ocurrido.

Por lo pronto, la mesa está servida para la especulación porque, además de esta “empresa fantasma”, comienzan a surgir evidencias en el sentido de que, tal como se denunció en su momento, los productores elegidos para ser beneficiarios de los mayores contratos no tienen capacidad para cumplir con los volúmenes que se les asignaron.

De comprobarse esto último, estaríamos ante una auténtica pifia o ante la evidencia de que la corrupción y la itmpunidad, lejos de estar siendo asediadas por el nuevo gobierno, se encuentran más saludables que nunca.