La justicia abierta no es solo un discurso. Es un deber de adoptar buenas prácticas para facilitar, a las partes y a la sociedad, la mayor publicidad de nuestra actuación judicial.

Desde 2013, la Constitución de Coahuila establece que la «garantía de la transparencia judicial significa la publicidad de la función de los jueces, desde su organización y funcionamiento hasta el acceso libre al expediente y actuaciones judiciales».

Esta norma local fundamenta mis propuestas. La más reciente: que los proyectos de sentencias sean, por regla general, públicos. Es, sin duda, una buena práctica que debemos implementar para evitar los males de la opacidad que pueden favorecer situaciones de corrupción judicial.

Por tradición jurídica, las partes y la sociedad no conocen la deliberación previa que los jueces tenemos para formar nuestro criterio. Es sano, además, para una justicia prudente que los jueces compartamos en reuniones privadas nuestros reflexiones con nuestros colegas. Es parte de nuestra libertad judicial que, incluso, delimita la garantía de las partes a tener un juez imparcial e independiente que no prejuzgue el asunto.

Cuando un juez elabora un proyecto de sentencia, en ejercicio de su función, prácticamente emitimos ya nuestra opinión en el juicio que, a mi juicio, las partes y la sociedad tienen derecho a conocer, e incluso, comentar y cuestionar para defender sus derechos. Esa opinión puede corregirse o modificarse según la deliberación en el órgano judicial.

Los jueces, por tanto, debemos someternos más al escrutinio público. No debemos estar aislados en nuestra bóveda judicial. Luego si desde la constitución local, toda actuación y el libre acceso al expediente es una garantía que rige la transparencia de la tutela judicial efectiva, el proyecto de una sentencia que se presenta en sesión pública debe ser, a mi juicio, público salvo las excepciones estrictas de la ley.

En primer lugar, propuse que el proyecto de sentencia que elabore para resolver una cuestión del derecho a la información del caso Ficrea sea público. Hoy la ciudadanía puede saber el sentido que el Tribunal Constitucional deberá discutir próximamente.

En segundo lugar, me comprometí en presentar un proyecto de acuerdo general del Pleno en donde se regule esta facultad judicial para difundir los proyectos de sentencias. En sesión pública ya presente el proyecto.

El día de ayer, propuse al Pleno que el proyecto de sentencia de un recurso civil también debe ser público a las partes. Ellas, por regla general, tienen derecho a conocer esta actuación judicial. Estoy convencido que de esa forma se garantizará una mayor garantía de publicidad para hacernos ver sus intereses que defiendan, sin reservas ni opacidad.

Discutimos pero no votamos mi propuesta. Exprese, sin embargo, que bajo mi estricta responsabilidad emitiré un acuerdo como ponente para que las partes puedan conocer el proyecto de sentencia que elaboré, a fin de que conozcan las razones que se discutirán en el Pleno para resolver la controversia.

Mi compromiso es con la justicia abierta. En el mundo judicial la información de un proyecto en ocasiones se filtra en forma indebida, con ventajas para unos y desventajas para otros. Los jueces debemos tratar, por igual, a las partes: todas deben conocer los proyectos de sentencias para que tengan la oportunidad de conocer lo que se va discutir en el Pleno.

Una sentencia pública no es solo aquella que se publica cuando se dicta sino también la que se deriva de un juicio abierto que difunde de manera previa el proyecto de sentencia para permitir una mayor deliberación pública de nuestra actuación judicial.

CICUTA TRANSPARENTE

Un argumento que cuestionaba la publicidad de los proyectos es que la ley establece como falta el que un juez opine en forma pública un asunto.

Cualquier persona que conoce el Derecho sabe que difundir un proyecto de sentencia no es ninguna falta por opinión pública. Es una actuación judicial. Pero si alguien dijera que eso es hasta un delito, en la sesión de Pleno dije, parafraseando a Sócrates, que prefiero “beber la cicuta de la transparencia que la opacidad jurisdiccional”.

Si la justicia no tiene credibilidad es, justamente, por su opacidad. Un veneno poderoso para matar la corrupción judicial es la cicuta de la transparencia.