No vamos a tratar la crisis del coronavirus, es otra crisis que se adelantó al COVID-19, lleva siglos ahí y nadie quería reconocerla como crisis de salud pública que lleva consigo una esperanza de vida más breve, una mortalidad más alta y menores ingresos, entre otros elementos que la visibilizan como crisis de salud pública.

Se trata del racismo que fue observado desde hace años por los funcionarios públicos, sí, el racismo antinegro que provoca un estrés profundo, imposible de medir en la vida cotidiana de la población: fue en Milwaukee en donde se declaró la segregación racial como problema de salud pública, esto lo analizó hace días el Premio Nobel en Economía Paul Krugman, quien escribe para el diario New York Times y narra cómo se trabajó para encontrar las notables diferencias en las condiciones de vida, de trabajo, de salud y educación entre negros y blancos. 

Resultó una enorme dificultad persuadir al personal profesional y a los residentes del estado del secular vínculo entre salud pública y racismo, ya que éste parece invisible, etéreo, aunque va mucho más allá de los insultos y ataques violentos, de ahí el problema de comprenderlo como una realidad estructural, algo así como el ADN inherente en las personas. 

Para superar los obstáculos, los funcionarios públicos consideraron conscientemente la equidad racial en las políticas públicas como punto de partida para capacitar profesionistas e invertir en las comunidades. Esas políticas públicas comenzaron antes de la muerte de George Floyd y las multitudinarias protestas ante la brutalidad racial policiaca de los blancos.

Las semillas las plantó la doctora Camara Jones, epidemióloga, quien por más de dos décadas ha estudiado la relación entre racismo estructural y la salud de las personas, gracias a él se creó el programa de equidad racial con presupuesto y personal médico y paramédico, que fue capacitado sobre los prejuicios raciales.

Al presentarse la pandemia del COVID-19, los médicos la trataron sobrepuesta a la raza, lo cual dio resultados, siendo Milwaukee de los primeros en establecer la relación entre COVID-19 y muerte por raza, encontrando un desmesurado impacto de la pandemia en las comunidades negras. 

Los estudios sobre racismo y salud pública han sido el punto de partida para dar el salto a otros estudios sociológicos, como los estereotipos raciales, políticas discriminatorias y nuevas prácticas de contratación.

A Milwaukee han seguido Boston, cuyo alcalde entregó 3 millones de dólares de presupuesto para horas extras de servicio social y policía; Massachusetts declaró el racismo como una “emergencia” de salud y seguridad pública, y la lucha de los afroamericanos por conseguir la igualdad y vencer la supremacía de los blancos, no tiene tregua. 

Este relato puede trasladarse a México, aquí tenemos desde hace 17 años al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Comapred), el que muestra a los grupos vulnerables; los que están vinculados a la raza son los pueblos originarios y los afroamericanos, éstos han padecido exclusión secular, de manera que ni siquiera aparecían en los censos y fue hasta hace 5 años que la encuesta intercensal del Inegi los incluyó, ellos representan sólo el 1.16 por ciento de la población del País y escasamente son tomados en cuenta por parte de los gobiernos. 

En cuanto a las etnias originarias éstas enfrentan también una discriminación estructural pese a que integran 25.7 millones de la población nacional o sea, el 21.5 por ciento; ellos enfrentan obstáculos para ejercer sus derechos, están etiquetados como “haraganes”, inútiles, su marginalidad es evidente. 

Gracias al levantamiento indígena de 1994 con el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), esos pueblos adquirieron visibilidad, aunque en este siglo incurrieron en un repliegue del que aún no salen.

Mucho hay que hacer para avanzar en contra de la discriminación racial, aquí y en todo el planeta. 

Rosa Esther Beltrán Enríquez
Horizonte ciudadano