La delincuencia institucionalizada
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Lo que ocurre en Coahuila con las burocracias del servicio público es trágico y doloroso para quienes están al tanto de lo que significa la corrupción rampante en los tres poderes del Estado, en los 38 municipios y en las instituciones descentralizadas.
El enriquecimiento ilícito es el común denominador en este Estado. Nuestros impuestos están trabajando a favor de la rapiña, de la apropiación del dinero público y ni quien diga esta boca es mía. Hasta el “muy honesto” Rubén Moreira salió con cuentas mochas para no variar, y eso que supuestamente no está aquí su hermano Humberto pero, claro, están Carlitos y también Álvaro y toda una retahíla de funcionarios que saben bien que no hay a quien temerle, que nadie los perseguirá ni los obligará a rendir cuentas, no hay autoridad que les ponga límite. Y es que en Coahuila la política es un gran negocio.
El Informe Anual de Resultados a las cuentas públicas de 2014, realizado por la Auditoría Superior del Estado, en el que se detectaron “manejos financieros deficientes” por más de 3 mil millones de pesos, transparenta en dónde está el problema: “es la rapiña, estúpido”.
En las auditorías a los sistemas descentralizados, al Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación se le pidió aclarar más de 727 millones de pesos; a Pensiones de los Trabajadores de la Educación, 226 millones, y al Fondo de Vivienda para los Trabajadores de la Educación, 358 millones de pesos. La verdad es que estos organismos de los que el Gobierno del Estado es el patrón, son un barril sin fondo. La inestabilidad económica, por la que los desfalcos son constantes, se da de manera que no hay rescate que los ponga a salvo, porque la rapiña está adentro.
Al Gobierno Estatal se le atribuyeron observaciones por más de 497 millones de pesos; al Poder Judicial, más de 127 millones, en su mayoría del Ficrea, y Gregorio Pérez Mata tan tranquilo, pero Miriam Cárdenas promete castigo, ¿usted le cree? Yo tampoco, por tacos de lengua hay indigestión.
Aguas de Saltillo,organismo paramunicipal, recibió observaciones por más 90 millones de pesos, y no vea a la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) con más de 131 millones y la UAdeC no quiere quedarse atrás: debe comprobar solo 25 millones de pesos.
Lo que de plano resulta un escarnio es el caso de las esposas de 29 alcaldes de Coahuila, y la mamá de una alcaldesa, la de Nava, que en conjunto cobraron casi 9 millones de pesos, aunque según la ley no deben tener percepción ni responsabilidad, de manera que, diga usted si no estamos ante la delincuencia institucionalizada.
En Coahuila hablar de corrupción es referirse a algo que a todos nos afecta, pero nadie hace nada por detenerla. Es hablar de que “todos los políticos son iguales” y lo que es aún más triste, que esto nos parece una situación cotidiana que ya no nos resulta indignante porque aquí,en el servicio público, viven los íconos de la inmoralidad.
La pregunta es ¿cómo sancionará la Auditoría Superior del Estado todas estas lindezas?, léase corrupción institucionalizada.
POSDATA
Ayer aprobaron los diputados la Ley de Pensiones presentada por Rubén Moreira. Dieron el albazo esperado. No extraña, ya se había predicho, porque ellos son los súbditos del gigante con pies de barro, el que se presenta compasivo, misericordioso, Rubén visita a los niños huérfanos, les lleva regalos que paga con recursos públicos. Es el hombre compasivo, ja, ja.
