La delincuencia organizada y el huachicol

Gracias a la cruzada emprendida por el presidente López Obrador, el combate al "huachicol" está yendo más allá del terreno legislativo. Las conductas ilícitas relacionadas con el robo de combustible y su explotación, dentro de las que se encuadra el denominado "huachicol", se encuentran tipificadas en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, promulgada apenas el 1 de junio de 2016, la cual fue reformada en mayo y junio de 2018, aumentando las penas hasta 30 años de prisión y multa de 25 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente.

Sin embargo, la experiencia nos ha enseñado que no basta aumentar la penalidad del delito o incluirlos en el catálogo de los que ameritan la prisión preventiva oficiosa para detener el crimen organizado. El robo de combustible debe ser enfrentado como un fenómeno criminal, multifactorial y con fuertes implicaciones socioeconómicas, que genera cuantiosas ganancias, por lo que no puede ser combatido con las herramientas ordinarias de que dispone el Estado. No obstante, si se combate al fenómeno del "huachicoleo" con los recursos jurídicos creados para disminuir su fuerza letal y el poder económico de sus estructuras de delincuencia organizada, se podrá lograr su limitación y control. Ello, se debe a que ese rubro de la delincuencia cuenta con el poder financiero y operativo suficiente para corromper y manipular los ámbitos público y privado a su favor, por lo que el Estado necesita mayor capacidad y contundencia en sus acciones.

La importancia que se ha otorgado al tema y el combate frontal de esos hechos delictivos y que encabeza personalmente el primer mandatario de la nación, son de aplaudirse y apoyarse. En nuestra opinión, esa lucha será más efectiva en la medida que lo enfrentemos como manifestación de la delincuencia organizada. El gran acuerdo para delinquir, la sofisticación de su operación y las grandes ganancias que alcanza, además de que involucra cierto apoyo social derivado de la pobreza y marginación, y que tienen a la corrupción como la plataforma de su negocio criminal, hacen indispensable que el Estado la enfrente con el uso de las facultades y técnicas especiales que le concede la ley para el combate a la delincuencia organizada.

Efectivamente, al analizar el huachicoleo desde la óptica de la delincuencia organizada, tendríamos que hacer uso de ordenamientos esenciales para su combate a nivel nacional, como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; mientras que, en el ámbito internacional, el Estado podría aprovechar las técnicas de investigación contenidas en la Convención de Palermo. Se debe imponer la ley, respetando los derechos humanos y llevando a los delincuentes de todos los niveles ante el juez, pero sobre todo buscando afectar su estructura económica, que como en todos los casos de la delincuencia organizada, es el motor de sus acciones.

Otro aspecto importante es que el fenómeno del "huachicoleo" y el robo sistemático de combustible, se deberán reconocer como una afectación real a la seguridad interior de nuestro país. Con gran preocupación nos enteramos de la tragedia verificada en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde perdieron la vida casi 100 personas. Es difícil encontrar un mejor ejemplo de una grave afectación a la seguridad interior, donde las autoridades locales habían sido superadas, por lo que resulta difícil el normal desarrollo de las personas y existe una seria amenaza contra su seguridad e integridad. Un fenómeno social y delictivo de tal magnitud requiere de la intervención federal; sin embargo, no existe legislación que precise y delimite la actuación de esas autoridades, su temporalidad y mandos responsables, y en especial, definiendo como extraordinaria la intervención de las fuerzas armadas. En nuestra opinión, este vacío legal no podrá ser llenado por un artículo transitorio, sino que se requiere facultar al Congreso Federal para expedir una ley general sobre la materia.

Como mexicanos, todos debemos apoyar las decididas acciones del Presidente de la República en contra del robo de combustible y el "huachicoleo", porque así se impone el Estado de Derecho, se defiende nuestro patrimonio y se combate la corrupción y el crimen organizado, que tanto daño han hecho a nuestro país. Esa lucha debió haber iniciado hace mucho tiempo.