La economía política del COVID-19
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La combinación de dos fenómenos: la recesión que ya se encontraba presente, y la pandemia del COVID-19, tendrán en el corto plazo, es decir, para el periodo 2019-2022, efectos sumamente graves para la economía mexicana. Las variables analizadas son las siguientes: crecimiento del PIB, empleo y pobreza.
CRECIMIENTO DEL PIB. Con base a la información disponible, estimo para el periodo señalado una contracción promedio anual negativa del 2.3 por ciento. Lo anterior debido a tres factores principales: el primero, una recuperación lenta de la economía en forma de una L. Se estima que México será el país más golpeado de América Latina, y la visión del secretario de Hacienda al pronosticar una recuperación en forma de la palomita de los tenis Nike parece optimista.
Las autoridades del país no han implementado las políticas adecuadas para enfrentar este problema, a lo que hay que agregar el manejo errático de la contingencia de salud, lo que influirá negativamente en la recuperación de nuestra economía.
El segundo factor está relacionado con la perspectiva de tener en los años considerados niveles relativamente bajos de consumo, ante el aumento sustancial del desempleo y de la pobreza.
El consumo es importante, ya que a fines de 2019 su contribución al PIB era cercana al 67 por ciento, y sin un consumo vigoroso no es posible el crecimiento de la economía.
El tercer factor está relacionado con la falta de confianza del inversionista, tanto nacional como extranjero, debido a las políticas del actual gobierno al desconocer el estado de derecho, y debido a la falta de seguridad y de reglas estables del juego para los inversionistas.
Esta variable es clave en la dinámica de las economías, pues los flujos de inversión se traducen en creación de empleos, mayores ingresos y recaudación fiscal. Hay que tener presente que la inversión privada genera la inmensa mayoría de los empleos en México.
De no cambiar la política del gobierno, es probable que se pierda el grado de inversión, lo que volvería más difícil atraer nuevos flujos de capital al país.
La contracción estimada del PIB tendrá múltiples consecuencias, entre las que destacamos las relacionadas con el empleo y la pobreza, por sus impactos políticos y sociales.
EMPLEO. Las estimaciones que realizamos en este rubro se basan en dos componentes: el primero tiene que ver con los empleos generados o perdidos en el periodo señalado, y el segundo, que se añade al anterior, considera el diferencial entre los empleos generados realmente y los 1.2 millones requeridos al año, cantidad mínima para absorber a los nuevos demandantes en el mercado laboral.
El primer componente arrojó un estimado de empleos netos generados entre 2019-2022, de 100 mil, lo que da un promedio anual de 25 mil nuevas plazas laborales. Son empleos formales.
El segundo elemento, es de mayor magnitud, aunque menos visible, pero cuyo impacto es considerable. En efecto, nuestros cálculos muestran un déficit de 4.7 millones de empleos que restados de los 100 mil del primer componente, arrojan un saldo neto negativo acumulado por 4.6 millones de empleos durante los años referidos, lo que se traduce en un déficit superior a 1.1 millones de empleos por año. No se trata de dramatizar la situación, pero tal vez esto pudiera considerarse una verdadera tragedia.
La primera encuesta telefónica del Inegi en materia de empleo detectó que alrededor de 12 millones de mexicanos salieron del mercado laboral en abril de 2020. De dicho total, 10 millones son trabadores informales y dos millones formales. Para contar con un punto de referencia, esos 12 millones, más los dos millones formalmente desempleados, representan un nivel de paro del 25 por ciento, que es sumamente elevado, y que se incrementaría al tomar en cuenta el subempleo.
Se trata de un hecho sin precedentes, que ilustra la gravedad de la situación. Tal vez algunos de esos 14 millones regresarán al mercado laboral, pero otros no podrán hacerlo.
POBREZA. De acuerdo al Coneval el doble efecto de la recesión y la pandemia provocará un aumento en la pobreza en nuestro país, cuyos efectos habrán de manifestarse a partir del año 2020.
A manera de contexto, durante el periodo 2008-2018, el porcentaje de la población en pobreza disminuyó 2.5 puntos porcentuales, al pasar ésta, del 44.4 por ciento al 41.9 por ciento. A su vez la pobreza extrema se redujo del 11 por ciento al 7.4 por ciento de la población.
En 2018, 52.4 millones de mexicanos se encontraban en la pobreza, a partir de 2020 se estima que su número aumente a cerca de 71.9 millones; 19.5 millones más.
Para hacer frente a esta situación el Coneval estima que serán necesarios cerca de 294 mil millones de pesos, equivalente al 1.21 por ciento del PIB.
¿De dónde saldrá ese dinero? Tendrán que provenir de reasignaciones presupuestales. Para contar con una referencia, los proyectos emblemáticos de la 4T más las transferencias a Pemex, ascienden aproximadamente a 956 mil millones de pesos.
Ante un panorama de niveles tan alarmantes de desempleo y pobreza, aunado al posible regreso de 800 mil mexicanos de Estados Unidos, es imperativo tomar una decisión, priorizando los problemas fundamentales. ¿Proyectos personales o atención a los mexicanos más vulnerables?
En resumen, ante este reto planteamos posibles soluciones en función de tres horizontes de tiempo.
LO INMEDIATO. Una reasignación presupuestal que permita liberar durante el segundo semestre de este año 147 mil millones de pesos, equivalente al 0.6 por ciento del PIB. Se trata de apoyos de emergencia para paliar los efectos del desempleo y la pobreza entre los grupos más vulnerables.
EL CORTO PLAZO. La reforma fiscal integral es imprescindible y urgente, la cual pudiera comprender la generalización del impuesto al valor agregado; el IVA, por su eficiencia y facilidad de implementación, de manera que quien consume más paga por ello.
La generalización de este impuesto a las medicinas y los alimentos es un punto de fuerte debate político, sin embargo, al ampliar los apoyos en dinero a las familias en pobreza se tendría un mecanismo de compensación.
Una reforma fiscal integral deberá contemplar la revisión del pacto federal, ya que la actual Ley de Coordinación Fiscal, tiene más de 40 años de vigencia.
Otro elemento a considerar en la reforma propuesta es otorgar un trato diferenciado a las PYMES, para que puedan cumplir con sus obligaciones fiscales. No se trata de condonarles impuestos, sino de facilitar su pago mediante procedimientos menos complicados y burocráticos.
MEDIANO PLAZO. En este horizonte temporal, la prioridad es retomar el crecimiento del PIB en base a una mejora en la productividad, la cual tendría como punto de partida el establecimiento de un nuevo modelo de crecimiento.
En el nuevo modelo aquí planteado, la manufactura intensiva en mano de obra pasaría a segundo plano, para dejar el paso a las industrias y servicios intensivos en tecnología. Este cambio sería gradual, pero a un ritmo sostenido.
Las opciones aquí planteadas son imprescindibles, tanto para mantener la estabilidad social en un primer momento; el de la emergencia, para posteriormente, fortalecer nuestra economía.
A fin de lograr lo anterior, se requiere como condición necesaria, de un amplio consenso de la población, pues las medidas sugeridas así lo exigen.
La ruta aquí propuesta enfrenta múltiples obstáculos, siendo uno de ellos, el actual gobierno de AMLO, en consecuencia, se tendrá que generar un amplio consenso siendo un primer paso, quitar la mayoría a Morena en el Congreso en las elecciones del 2021, tarea nada sencilla, pero tampoco imposible.
A partir de este escenario político, se podrán gestar los cambios aquí propuestos. Estamos atravesando por retos inéditos, y por lo tanto las respuestas para hacerles frente, lo son también.
