La Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi) incluyó en el contrato para la venta de carbón a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al menos una empresa “facturera”, es decir, una de esas organizaciones que simulan operaciones a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales.

Según la lista de productores que participan en el contrato derivado de la licitación CFE-0001-C-AAAA-0002-2019, el cual compromete proveer de 330 mil toneladas de carbón a la CFE, son 78 empresas las que abastecerán después de que la Prodemi impugnara la primera subasta donde la empresa Minera y Acarreos Flores S.A de C.V había ganado abastecer de 165 mil toneladas a CFE.

Prodemi ganó el falló. Pero no necesariamente porque la promotora estatal fuera una santa. Al contrario. Un cruce de la lista de productores que participan en el contrato con CFE y la lista de 472 personas físicas o morales de Coahuila que simulan operaciones, arroja que uno de los productores está en la lista negra del Servicio de Administración Tributaria (SAT): Minera Don Chilo S.A de C.V.

¿Qué quiere decir? Que este productor está señalado por la autoridad fiscal de emitir comprobantes “sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dicho contribuyente no se localizó. Se presume la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes”.

Pura fachada o puro coyotaje, pues.

¿Por qué es delicado lo anterior? Porque la Prodemi colocó a un productor “fantasma” a proveer de carbón a la CFE.

El listado de las 472 empresas o personas coahuilenses que señaló el SAT por infringir el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, está clasificado como estatus “definitivo” o “presunto”. Según el listado en posesión de quien esto escribe, hay 445 empresas o personas con estatus de definitivo, el resto, apenas 27, siguen como presuntas. Minera Don Chilo aparece con estatus de definitivo. Es decir, ya se comprobó que es una empresa que forma parte de una evasión fiscal aproximada en el País de 354 mil 512 millones de pesos, según lo dio a conocer el SAT.

El caso de Minera Don Chilo es especial. Desde el 17 de septiembre se empezó a notificar (500-05-2015-31102) a esta minera de la presunción de infringir el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. Pese a ello, en 2016 la CFE le entregó 36 millones de pesos, aunque un año antes una propuesta de Minera Don Chilo había sido rechazada precisamente por no cumplir con documentación fiscal requerida.

Pese a su estatus, Minera Don Chilo sigue inscrita en el padrón de proveedores de CFE.

Según el acta constitutiva de Minera Don Chilo, en poder de quien esto escribe, los dos socios de la empresa son Antonio Flores Guerra e Isidro Flores Tapia.

Además, cuando en un inicio se dio a conocer que Minera y Acarreos Flores había sido la ganona, la organización Familia Pasta de Conchos informó que Antonio Flores Guerra tenía dos empresas: precisamente Minera y Acarreos Flores y Minera Don Chilo, y señaló que la primera empresa “tiene cuatro pozos fuera de operación y 24 trabajadores”, mientras que Minera Don Chilo “tiene 20 trabajadores en tajos que operan ilegalmente en colindancia con zonas habitaciones y una escuela”.

Aquí surge la duda: ¿si por haberle arrebatado el jugoso contrato terminaron por ceder una parte del pastel con la otra empresa?

En la lista de empresas con razón social en Coahuila, además de Minera Don Chilo, hay otras 16 del ramo minero catalogadas como “factureras”. Sólo una en el estatus de presunta. Entre las empresas mineras que simularon operaciones están: Minera Carbonífera La Querencia, Grupo Minera La Gotera, Minera Cero, Minera Carbonífera Payán, Minera Carbonífera, Minera Carsaagu, Minera Carbonífera La Gloria, entre otras.

AL TIRO

En la semana que termina, expertos internacionales –en minería de carbón y rescates– llegaron a Pasta de Conchos para analizar la situación de rescate de los restos de los 63 mineros que quedaron enterrados en la explosión del 19 de febrero de 2006.

Al final de su visita, cada uno de los 21 especialistas emitirá una opinión personal sobre cómo rescatar los restos de los mineros. La operación tendrá que partir con base en dos criterios esenciales: seguridad y que se extraiga el mayor número de restos posibles.

Las familias no quieren otro Pasta de Conchos. Sin embargo, el SAT ha detectado al menos a 17 empresas mineras que simulan operaciones en Coahuila. ¿Cómo puede existir certeza de seguridad?