La gestión de los regidores

Los 20 regidores que conforman el Cabildo del Ayuntamiento de Saltillo, presididos por el alcalde –y los de todos los municipios–, tienen obligaciones que la ley les impone ya que ese es el órgano máximo de autoridad y al que le corresponde la definición de las políticas de la administración pública, referentes a leyes y reglamentos aplicables al municipio. El alcalde representa al Ayuntamiento en la celebración de actos y contratos aprobados por el Cabildo y resuelve los asuntos que sean urgentes comunicándolos a los ediles en las sesiones.

Hasta ahora la libertad que la ley concede a los municipios (Art. 115 Constitucional) ha sido más una aspiración que una realidad, ya que los gobernadores meten mano en los recursos que son asignados por la federación a los municipios (VANGUARDIA 19-12-2017); como los del Ramo 23 para las Zonas Metropolitanas y los de Infraestructura y el Fortalecimiento Municipal.

Los regidores están comenzando a movilizarse de manera independiente para presentar en las comisiones del Cabildo propuestas en beneficio de la población, esta semana el regidor por el partido Morena, Rodolfo Garza, logró que, con base en el artículo 75 de la Ley de Aguas para los Municipios de Coahuila, el Ayuntamiento instruya a la empresa paramunicipal Aguas de Saltillo (Agsal) para que los saltillenses que tienen un negocio de autoempleo en su vivienda, los conocidos como “tienditas de barrio”, no paguen tarifa comercial por la prestación del servicio del agua, sino la tarifa de casa-habitación, con excepción de aquellos negocios en los que el insumo principal sea el agua potable. 

Serán miles de familias que tienen un estanquillo –los cuales son muy útiles a los vecinos de los barrios– las que se verán beneficiadas, ya que la tarifa comercial es bastante más elevada que la de casa-habitación y ésta es poco menos del doble de la comercial. Aunque cumplir con la ley significará bastante trabajo para Agsal y muy probablemente una pérdida importante en sus ingresos, por lo que es de esperarse que se defenderá o, como hasta ahora, echará mano de la sordera; y si no hay quien vigile y exija, el artículo 75 seguirá siendo ley muerta.

No obstante, es una batalla ganada contra la multitud de omisiones que se permite Agsal, a la que muchos funcionarios públicos defienden como si de ello obtuvieran una recompensa económica exorbitante, pero es la “línea”. Por eso Rodolfo Garza ha aclarado que su función en el Cabildo es fiscalizar al Alcalde y promover el desarrollo de Saltillo (29-02-2018).

No deja de llamar la atención que el regidor Garza Gutiérrez mantenga un activismo tan destacado en el Cabildo, ya que a dos meses de haber accedido a ese puesto presentó 65 iniciativas; algunas de las cuales fueron incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal y otras tienen que ver con incumplimientos a la ley, como es el caso que se comenta.

Otras propuestas que considero fundamentales entre las presentadas por Rodolfo Garza, presidente de la Comisión del Agua del Cabildo, son las de que el Alcalde asuma el puesto de Presidente del Consejo de Administración de Aguas de Saltillo y que se cambie a los consejeros actuales, los cuales tienen entre 11 y 16 años de serlo y no muestran interés por los problemas de los usuarios del servicio del agua, esta moción está detenida. También propuso que se realice una auditoría técnica y administrativa a Agsal; que se aplique el mínimo vital gratuito a los usuarios de interés social y popular; que se prohíba el corte del servicio a quienes no paguen el agua, porque el corte viola el artículo 4° de la Constitución. 

El regidor de Morena mantiene una defensa incólume de los que permanecen en la indefensión social en Saltillo y comparte con el alcalde Manolo Jiménez sus objetivos por el desarrollo de Saltillo.