La impunidad que engendra la incompetencia

Elba Esther Gordillo está libre porque la PGR no tuvo cuidado de que las pruebas para demostrar la existencia del delito hubieran sido obtenidas de forma lícita

Suele afirmarse, no pocas veces de forma equivocada, que para combatir de manera eficaz la impunidad que acompaña el fenómeno de la corrupción, basta con que exista “voluntad política” de los altos mandos del servicio público, pues todos los demás elementos necesarios para identificar y castigar a los corruptos ya se encuentran a la mano.

Esta visión parte del supuesto que quienes incurren en actos de corrupción logran alcanzar el territorio de la impunidad debido a la existencia de cadenas de corrupción en los circuitos judiciales, mediante las cuales se “torpedean” los procedimientos de investigación y sanción convirtiendo en inalcanzable quimera el propósito de castigar las conductas indebidas.

Ciertamente esto es cierto, pero como demuestra el reporte que publicamos en esta edición, relativo a las razones que un Tribunal Unitario del Poder Judicial de la Federación esgrimió para ordenar la libertad de Elba Esther Gordillo, la impunidad también es prohijada por la incompetencia.

Y es que de acuerdo con algunos extractos de la sentencia mediante la cual la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación fue liberada de toda acusación, habrían sido errores procedimentales –cometidos por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Hacienda– los que pavimentaron el camino de Gordillo Morales hacia la libertad.

“Ni la Procuraduría General de la República, ni la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encuentran constitucionalmente facultadas para requerir por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información y/o documentación relativa a operaciones bancarias (...) que se encuentran protegidas por el secreto bancario (...). Una medida o actuación del Estado que represente un ataque a ese derecho humano en su manifestación específica de secreto bancario, debe sujetarse a 
control judicial”, establece el fallo judicial.

En otras palabras, no es que Elba Esther Gordillo no hubiera realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita –pues claramente su salario como maestra y dirigente sindical no alcanzaría para financiar la vida de lujos y extravagancias que largamente le documentaron los medios de comunicación–, sino que la PGR no tuvo el cuidado siquiera de que las pruebas con las cuales pretendía demostrar la existencia del delito hubieran sido obtenidas de forma lícita.

Resulta francamente indignante enterarse que una institución a cuyos integrantes se les entregan toneladas de recursos económicos anualmente para el desarrollo de sus actividades cometa errores “de primaria” y que eso permita, eventualmente, a quienes han ofendido a la sociedad, escapar del castigo que sus actos merecen.

Cabría esperar en ese sentido, que la exhibición pública de la pifia cometida por quienes tuvieron a su cargo la integración del expediente con el cual se acusó a Gordillo Morales no se quede simplemente en lo anecdótico, sino que se abra una investigación para esclarecer el origen de este yerro monumental y, eventualmente, se sanciones a los responsables.