En la lucha contra la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, la batalla actual tiene que ver con la aplicación de las escasas vacunas que hoy se encuentran disponibles. Todos queremos -y tenemos el derecho a- ser vacunados, pero nos encontramos ante un problema aritmético: el número de candidatos a la vacuna es muy superior al de dosis disponibles.

Esta realidad irrefutable obliga necesariamente a establecer un orden de prelación, es decir, a decidir con base en una regla que resulte razonable, quiénes deben vacunarse primero. En este sentido existe un consenso amplio: en primer lugar van los trabajadores de la salud que han arriesgado sus propias vidas a lo largo de los últimos 10 meses.

Pero incluso cuando se observa a este grupo -pequeño en relación con toda la población del País- el número de vacunas disponibles en México sigue siendo insuficiente, lo cual obliga a realizar una nueva priorización: ¿quiénes, entre el personal que se encuentra en la primera línea de batalla, deben vacunarse antes y quiénes deben esperar?

Cualquier respuesta que se dé a la interrogante anterior puede ser refutada con argumentos válidos y eso es así por una razón muy simple: no es posible establecer una preferencia categórica entre el derecho de una persona u otra persona a la salud, sin importar de quiénes hablemos.

Dicho de otra forma: cualquiera que sea la respuesta de las autoridades puede argumentarse -válidamente- que se trata de una decisión arbitraria. ¿Quién está más expuesto? ¿Quién corre un riesgo mayor? ¿Quién se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad?

Las autoridades sanitarias del Gobierno de la República han decidido, de acuerdo con un criterio que podemos no compartir pero que es plausible, que quienes laboran en hospitales públicos deben ser vacunados en primer lugar y quienes laboran en hospitales privados deberán esperar, aunque ellos han sido colocados en segundo lugar, antes que cualquier otro ciudadano con exactamente el mismo derecho a la vacuna.

La lógica que han empleado las autoridades sanitarias para adoptar esta decisión es atendible: una amplia mayoría de quienes laboran en hospitales privados tienen también una plaza en instituciones públicas y eso deja fuera del primer grupo de cobertura a una porción menor de trabajadores de la salud.

Quienes se encuentran en este último grupo reclaman, con razón, que están siendo “discriminados”, pues deberían ser considerados también en el grupo prioritario.

Su argumento, sin embargo, podría ser replicado -y con mejores razones- por quienes son obreros y deben usar el transporte público todos los días, lo cual les hace correr mayores riesgos. En su favor, este último grupo podría argumentar además que, al carecer de conocimientos médicos, cuenta con menos elementos para proteger su propia salud.

Ninguna vida humana es más importante que otra. Todas las personas merecemos ser vacunadas al mismo tiempo. El problema no es la conceptualización, sino la realidad: las vacunas son menos, muchas menos, que las personas que esperamos recibirlas. Por ello, todos debemos ser pacientes y, en tanto nos llega el turno, hacer lo necesario para evitar ser contagiados.