Al arrancar su gira de agradecimiento en Nayarit a mediados de septiembre, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que por la difícil situación económica y social por la que atravesaba el país, “posiblemente” no podría cumplir con todas las promesas que hizo en campaña, a las cuales les invertiría “hasta donde nos alcance el presupuesto”. Aquella afirmación se modificó. El viernes dijo que todo lo prometido será cumplido, sin sorpresas presupuestales. Los expertos no saben cómo va a acomodar López Obrador sus promesas con lo constreñido del presupuesto, pero esperarán a que presente su paquete económico para 2019, para ver los acomodos logra hacer.

Un borrador del presupuesto al que se tuvo acceso, muestra en dónde aparecerá una sorpresa, no en términos presupuestales sino cómo, dentro de los acomodos empieza a construir un régimen de muy largo plazo. Al cruzar los egresos con los planes de la Cuarta Transformación, se puede apreciar que su base social recibirá recursos directos como nunca antes habían tenido, supervisados y controlados por 32 comisarios políticos en cada entidad y 16 representantes en cada alcaldía en la Ciudad de México, con lo cual podrá ir edificando una maquinaria política-electoral como no se ha visto en décadas—quizás nunca antes bajo el régimen político que estará vigente hasta el 30 de noviembre.

De acuerdo con el borrador del presupuesto, tendrá 12 programas sociales bandera, algunos ampliamente conocidos como el programa de la pensión aumentada para los adultos mayores y el programa de empleo para jóvenes, pero también agrícolas, forestales y educativos, que incluirá la construcción de 100 universidades en las zonas marginadas del país, así como otros de empleo de mano de obra intensiva, para la construcción del Tren Maya y de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, para la que tiene presupuestado 50 mil millones de pesos.

Los programas sociales recibirán de 300 mil a 324 mil millones de pesos anuales, entre 25 y 27 mil millones cada mes, según el borrador del presupuesto, con lo cual casi incrementará en 400% el presupuesto anual de Prospera, el principal programa social del gobierno federal, que asciende a 82 mil millones de pesos. El dinero que entregará López Obrador será mediante transferencias electrónicas, lo que hará impoluto ese programa social en términos de política pública, pero sobre todo, será un recurso que al no tener intermediario alguno, como es Prospera y los programas sociales que lo precedieron, no habrá ningún desvío.

Cada peso que salga del presupuesto, llegará íntegro a cada beneficiario del padrón que será controlado y supervisado por los comisarios del gobierno federal, manejados desde Palacio Nacional por Gabriel García Hernández, quien será el coordinador general de Programas de Desarrollo. García Hernández, senador de Morena, fue secretario de Organización de ese partido –uno de los tres que integraban la nomenklatura al servicio de López Obrador-, responsable de haber creado, junto con los hijos del presidente electo, 60 mil comités territoriales y seccionales que operaron durante la campaña presidencial.

García Hernández, quien también fue el apoderado legal de la asociación civil Honestidad Valiente, mediante la cual se recaudaron fondos para la campaña presidencial de López Obrador en 2006, será responsable también de 300 coordinadores regionales, que trabajarán en los 300 distritos electorales en los que está dividido el país. Es decir, a través de él, López Obrador tendrá el control directo de una estructura político-electoral, que utilizará los recursos de los programas sociales para construir lealtades y dependencias a largo plazo para él y para su proyecto.

Lo más cercano que se recuerde de este tipo de división del país en capas, bajo el control del Ejecutivo, fue el Programa Nacional de Solidaridad, implementado por el gobierno del presidente Carlos Salinas a través de comités de Solidaridad con un delegado en cada entidad, mediante el cual se administraban los programas sociales, sin que el recurso pasara por el gobernador. Ese modelo rompió con el clientelismo manejado por el gobernador en turno, que creaba lealtades y dependencias para él, y el corporativismo, al perder poder los sindicatos poder porque no pudieron disponer de recursos para poder seguirlos manejando discrecionalmente para premios y castigos.

Aquello fue el principio del fin del PRI como maquinaria electoral, que después de las elecciones intermedias de 1991, donde arrasó, tuvo su último jalón en las elecciones presidenciales de 1994, celebradas en medio del miedo tras el asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, antes de empezar su declive irreversible como partido dominante. El modelo de López Obrador es más ambicioso que el diseñado por Salinas, porque además de controlar los programas sociales en el Ejecutivo, construirá a través de ellos la maquinaria político-electoral transexenal que su antecesor no se atrevió a concretar hace 27 años.

El presupuesto incorpora la otra parte de la pinza para ese control: la reducción de los dineros para los partidos políticos. Al deshidratarlos bajo el argumento de la austeridad republicana, los dejará sin dinero para operar, e incluso, para cubrir sus gastos diarios de administración. Los partidos de oposición, disminuidos en el voto y acotados por la disminución de las participaciones presupuestales, se convertirán en figuras testimoniales en el Congreso y el Senado, impotentes e incapaces de evitar el surgimiento de un gigante llamado Morena.

El presupuesto no ha sido terminado de afinar, como reconoció López Obrador, y está revisando los gastos de operación y subsidios para que existan los recursos necesarios para sus 12 programas bandera, cabezas de playa para un modelo de país que atienda discrecionalmente a las generaciones venideras que apuntalen su proyecto de muy largo plazo.

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