La ‘megadeuda’, un túnel sin final
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Por momentos se olvida. Por momentos se logra lo que los gobernantes siempre han querido: darle vuelta a la página. Pero nos sigue acosando como un fantasma: la “megadeuda” de Coahuila nos persigue como si pagáramos una pena. Allí está, en el desabasto de medicamentos, en las calles a medio pavimentar, llenas de cráteres; en los servicios de salud deficientes y la escasa inversión pública.
Cargamos actualmente con 37 mil millones de pesos de deuda bancaria a la espalda, prácticamente la misma cantidad que hace ocho años.
¿Algún día veremos el final del túnel en el caso de la “megadeuda” de Coahuila? La realidad es que nadie ha quedado contento con las “explicaciones”, menos cuando en Estados Unidos nos enteramos que procesan a exfuncionarios, que señalan a exfuncionarios, y donde han dicho abiertamente que el dinero de dichos exfuncionarios es producto de dinero robado de las arcas coahuilenses.
En los últimos días volvió a la palestra pública el tema –aunque la realidad es que nunca ha dejado de estar en el reflector–, luego que el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenara a la Auditoría Superior del Estado (ASE) entregar información, como la situación que guardaban las denuncias presentadas ante la autoridad judicial y detalles sobre obras públicas realizadas con los créditos.
Una ciudadana, Ana Cristina Vázquez Anchondo, en voz de colectivos y asociaciones, solicitó una relación detallada de las obras (ubicación, costo, nombre del contratista, etcétera) y saber en qué fue invertido el recurso de la deuda. No hay de otra. Lo mismo que se cuestionó hace ocho años se sigue cuestionando hoy día. Pero nunca se ha transparentado esa información por obvias razones.
La ASE respondió que no es un órgano técnico fiscalizador y, por tal motivo, no es competente. Vaya con la Secretaría de Finanzas, le respondió. Es decir, ir con la dependencia que en su momento simuló el gasto, que simuló la deuda, que nos bailó a los coahuilenses. La ASE respondió de manera parcial.
El tema es simple, tan simple que Pitágoras se reiría: si se pidieron “X” miles de millones de pesos en créditos, el valor de la obra y el despilfarro asistencialista del sexenio de Humberto Moreira tendría que ser equivalente. Tenía que cuadrar.
En la ciudad del estado donde viva, mire y recuerde lo que se construyó en la administración de Humberto Moreira y, el detenido y buscado por Estados Unidos, Jorge Torres López. Sumemos todo, pongamos en el costal los puentes y carreteras, y lo que haya sido, que por cierto todo es obligación del estado y es recurso del pueblo, nada tienen que presumir los gobernantes. Entonces, ¿realmente todo suma la cantidad solicitada en créditos? Otra vez, la respuesta parece obvia.
La Auditoría publicó 18 anexos sobre la respuesta, la cual parece una ampliación de la negativa a entregar la información. Lo rescatable de los anexos son las denuncias e informes que hizo la Auditoría a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Secretaría de la Función Pública y Procuraduría General de Justicia, donde se refiere que Ismael Ramos Flores y Jesús Ochoa Galindo, quienes fueron secretarios de Finanzas, no entregaron información y dilataron los procedimientos.
En ningún caso hubo castigo. Lo anterior refleja la impunidad en el tema de la “megadeuda”: si ni los encargados de vigilar el dinero fueron castigados por cuestiones tan simples como entregar información para rendir una correcta auditoría, menos se ejercerá castigo sobre quienes robaron las arcas del estado.
En corto, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas hicieron como que la virgen les habló. Escondieron la cabeza como avestruces, esperando que (sí) hiciéramos caso a aquello de darle la vuelta a la página. Le apostaron a que el tiempo enterrara el tema.
AL TIRO
Al menos tenemos 30 años hasta que se termine de pagar la deuda, si es que no se vuelve a reestructurar la misma y se amplía el plazo. Así que, desafortunadamente, tiempo sobra para seguir cuestionando y exigiendo. La pregunta es, ¿lo sabremos algún día? ¿Sabremos cuánto costó “X” puente y cuánto se infló su precio? ¿Cuánto se desvió a los bolsillos, a cuentas en Estados Unidos, a plazas comerciales y casas en Texas?
Hay al menos cinco conclusiones de todo esto: 1) que a la ASE cualquiera le da la vuelta sin ningún riesgo ni temor, 2) que la Procuraduría General de Justicia y las secretarías de Función Pública y Fiscalización y Rendición de Cuentas sólo sirven para proteger los intereses y las espaldas de ellos mismos, 3) que los extesoreros Ismael Ramos Flores y Jesús Ochoa Galindo velaron por los intereses de sus jefes –por decir lo menos–. 4) que el tema de la “megadeuda”, a ocho años de estallar, sigue presente y circulando en la opinión pública. 5) quizá la más importante, la sociedad tiene el poder de exigir y ganar batallas como ésta, por lo que en la medida que martillemos, insistamos, solicitemos información, peleemos por la transparencia, entonces el gobierno, las secretarías y auditorías entenderán que la información no es de ellos, sino nuestra.
Sólo entonces, quizá, veamos el final del túnel.
Reflector
Francisco J. Rodríguez