Para examinar la libertad de expresión en México es necesario tomar en cuenta, además de las condiciones de violencia e impunidad, el análisis cuantitativo de factores relevantes como el derecho de acceso a la información, la pluralidad de medios de comunicación, la independencia de los mismos, entre otros.

En este sentido, el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C. (Casede) desarrolló la metodología para implementar el primer Índice Estatal de Libertad de Expresión en México 2019. El objetivo principal es ofrecer una herramienta que permita generar información y plantear propuestas de políticas y acciones para fortalecer este derecho desde el nivel estatal. En este primer ejercicio se realizó el levantamiento y análisis de la información en Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila y Nuevo León.

El índice se conforma por cinco dimensiones y 14 indicadores: 1) marco legal de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos, 2) derecho de acceso a la información, 3) pluralismo en los medios, 4) independencia de los medios de comunicación, y 5) seguridad de personas que ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos.

En el caso de Coahuila se han logrado identificar áreas de oportunidad para fortalecer el estado de libertad de expresión en la entidad. En el caso del marco legal, la tarea más importante podría orientarse a revisar las leyes de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos existentes para mejorar la construcción del andamiaje institucional ahí previsto, así como la incorporación de estándares y principios internacionales de libertad de prensa y derechos humanos.

Otro ámbito clave para el goce de la libertad de expresión por parte de la ciudadanía es tener garantizado el acceso a un ambiente plural e independiente de información. En este sentido es fundamental reducir la brecha de desigualdad en el acceso a medios y tecnologías de la información en las regiones semiurbanas y rurales del estado, así como regular –jurídica y técnicamente– la distribución de recursos públicos bajo la figura de publicidad oficial. Finalmente, para garantizar la integridad física de quienes ejercen la libertad de expresión es preciso desarrollar metodologías para el análisis de riesgo que respondan a las características específicas de Coahuila y la región geográfica a la que pertenece.

Desde Casede los exhortamos a utilizar este instrumento, ya que consideramos que puede contribuir a procesos de trabajo ya iniciados en la entidad, donde se observa voluntad por parte de gobierno, organizaciones de derechos humanos y periodistas para trabajar colaborativamente en el fortalecimiento de los derechos a la libertad de expresión.

Armando Rodríguez Luna

@a_rodriguezluna

Investigador CASED

@casede_org

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