En la atención de la pandemia del coronavirus hemos visto permanentemente en tensión –en el mundo entero, aunque con matices de país a país– las posiciones técnicas y las políticas. Las primeras, sostenidas por los científicos, buscan minimizar las consecuencias en la salud pública; las segundas, esgrimidas por los gobernantes, buscan maximizar las ganancias electorales.

La tensión entre ambas posturas se ha resuelto de acuerdo con el grado de madurez democrática de cada país. Ahí donde existe una democracia madura y, por ende, hay un mayor grado de rendición de cuentas, las opiniones técnicas han tenido un mayor peso en las decisiones. Por el contrario, donde la democracia es débil, los gobernantes han pasado por encima de las consideraciones basadas en datos duros y verificables.

México está, no haría falta decirlo, en el segundo grupo. Y tal afirmación es cierta en todos los órdenes de gobierno, pues quienes están a cargo de la administración pública, sin importar el color con el cual se vistan, sólo están preocupados por la siguiente elección.

Pareciera que se intenta construir un esquema en el cual las empresas sean las responsables si, tras la reactivación de las actividades, se registra un brote"

Por ello, al final, se ha decidido levantar la cuarentena en medio de un confuso alud de información que vuelve absolutamente ilógicas las decisiones que se nos han comunicado en las últimas horas.

Por un lado, el Gobierno de la República afirma que se ha “aplanado la curva” de contagios mientras exhibe una gráfica en la que todos vemos la continuidad de un crecimiento exponencial. Por el otro, los gobiernos estatales definen “etapas de reactivación” que arrojan a los ciudadanos a situaciones imposibles, como tener que acudir a trabajar y, al mismo tiempo, mantener a los hijos en casa porque no hay escuelas.

Y para abonar más a la confusión, pareciera que se intenta construir un esquema en el cual las empresas sean las responsables si, tras la reactivación de las actividades, se registra un brote epidémico en un centro laboral.

De acuerdo con Enrique Pintor, superintendente de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en la firma Mexichem (hoy Orbia), las empresas deben asumir la necesidad de desarrollar protocolos para impedir que sus empleados enfermen de COVID-19, pues de lo contrario podría responsabilizárseles del “cierre” de una ciudad o incluso de una entidad completa.

Sin duda los centros de trabajo deben implementar protocolos que eleven los niveles de seguridad para su personal, sus clientes, proveedores y el público con el cual interactúan. Pero de ahí a responsabilizarles de la salud pública existe un abismo gigantesco.

Las empresas no son las responsables de la salud pública y no pueden asumir la responsabilidad por las interacciones que sus empleados tengan fuera del tiempo que permanecen en sus instalaciones. Y tomarle la temperatura a todo mundo o colocar gel sanitizante en todas partes, no garantiza en modo alguno que los contagios se evitarán.

Es cómodo, sin duda, para las autoridades, trasladar su responsabilidad a la sociedad. Pero es sumamente reprochable hacerlo cuando el surgimiento de brotes epidémicos sería, en cualquier caso, responsabilidad de decisiones políticas tomadas de espaldas a los criterios técnicos.