El artículo 94 de la Constitución señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Corte Suprema en español correcto, como diría mi maestro de derecho constitucional, debe estar compuesta por once ministros que durarán en su encargo 15 años.

En el artículo 96 se establece el procedimiento para la designación de los ministros: “Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.

“En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República”.

 El artículo 98 menciona la posibilidad de renuncias: “Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado”.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea es el ministro Presidente de la Corte. Se le señala como muy cercano a López Obrador, aunque fue propuesto al Senado por el entonces presidente Felipe Calderón. Al igual que Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán. Fernando Franco fue propuesto por Fox, aunque su periodo arrancó el 12 diciembre de 2006, ya en el gobierno de Calderón. Es el más antiguo de todos. Su periodo terminará el 12 de diciembre de 2021 y le tocará a López Obrador proponer su reemplazo, el cuarto de su gobierno de un total de seis que le tocará proponer al Senado de la República, seis de once. Los otros tres son los actuales ministros, Yasmín Esquivel Mossa, Juan Luis González Alcántara y la recién electa Margarita Ríos-Farjat. Los tres restantes fueron propuestos por Enrique Peña Nieto, aunque los tres trabajaron en los gobiernos de Fox y de Calderón; Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el coahuilense Javier Laynez Potisek y Eduardo Medina Mora que renunció.

Todos los nombramientos se han procesado sin mayores aspavientos. Quizá el único que llama la atención es el de Ríos-Farjat. López Obrador fue lo suficientemente prudente al dejar pasar un tiempo considerable entre la renuncia de Medina Mora y la nueva propuesta. Las aguas se calmaron y una vez calmadas se echó a andar la maquinaria.

La ministra Ríos-Farjat fue propuesta para ocupar el lugar del renunciado Eduardo Medina Mora. Digo renunciado porque seguimos sin saber sus razones, aunque las suponemos. El 98 de la Constitución es claro al señalar que sólo se puede renunciar por causas graves y que esta renuncia debe ser aceptada por el Presidente. Medina Mora renunció y la ciudadanía aún ignora cuáles fueron esas causas graves, aunque AMLO la aceptó gustoso.

Los medios especularon en torno a posibles actos de corrupción, propios y de sus familiares. Mucho se dijo al respecto, pero al momento no sabemos de algún proceso abierto en su contra. Los señalamientos se dejaron venir de la Unidad de Inteligencia Financiera y la entidad que revisa los ingresos de los mexicanos, el Servicio de Administración Tributaria, misma que encabezaba la doctora Ríos-Farjat. Nadie cuestionó la trama, vuelta a la página. En el olvido queda el ex ministro Medina Mora.

El otro problema es si las credenciales de Ríos-Farjat son las necesarias. México vive la peor crisis en materia de seguridad pública y justicia penal de la que se tenga memoria. Poco hemos avanzado. El Presidente hace sus propuestas y en ellas incluye a la doctora Ana Laura Magaloni, quien apoya al gobierno morenista de la Ciudad de México. Es experta en la materia que más urge a México. No obstante la fuerza de Morena en el Senado impulsa a una fiscalista cuyo último cargo estuvo a la cabeza del Servicio de Administración Tributaria. Para colmo, resultó electa con el apoyo del PAN y del PRI, a unos días de la gran afrenta inconstitucional que significó el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra. Que alguien me explique; o mejor no.

@chuyramirezr
Jesús Ramírez Rangel 
Rebasando por la Derecha