...Resulta difícil entender cómo una comunidad integrada por científicos altamente calificados realizaría señalamientos ligeros 

Enterarse de que la elección de una nueva autoridad en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro se ha convertido en detonante de una agria disputa intestina ya a nadie sorprende. La polarización y el encono es la regla general en los procesos eleccionarios de esa institución.

Por ello, que hoy se publique información en el sentido de que, la definición de la terna de candidatos para elegir al nuevo Rector, ha desatado la polémica y la confrontación entre las comunidades académica y estudiantil de la Narro es poco más que una anécdota.

Lo que no deja de sorprender es que la polémica fundamental, en una institución que dedica gran parte de su presupuesto -al menos en teoría- a la investigación científica, se de en torno a señalamientos respecto de los cuales no parece existir evidencia clara que confirmen su veracidad.

En efecto, como publicamos en la edición de hoy, una de las inconformidades planteadas por alumnos y profesores de la institución es la relativa a la presunta existencia de partidas presupuestales -en los ejercicios del 2012 al 2015- para la edificación de un par de “auditorios magnos” en las instalaciones que la Narro tiene en las ciudades de Saltillo y Torreón pero que, aparentemente, no habrían sido construidos.

El aparente “desvío” habría implicado la utilización “fraudulenta” de 136 millones de pesos que fueron etiquetados en los presupuestos de la Federación correspondientes a los ejercicios fiscales de 2012, 2013, 2014 y 2015 pero que no habrían producido ninguna construcción.

Parece sumamente difícil que la construcción de dos “auditorios magnos” pueda pasar inadvertida, no sólo a las comunidades académica y estudiantil de la Narro, a lo largo de cuatro años, sino que no hubiera merecido ni siquiera una observación por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Sin embargo, una revisión realizada por VANGUARDIA a los reportes de la ASF durante dichos ejercicios fiscales no arrojó ninguna observación respecto de los recursos aparentemente etiquetados en el presupuesto de egresos de la federación en los años mencionados.

Por otro lado, resulta difícil entender cómo una comunidad integrada por científicos altamente calificados realizaría señalamientos ligeros en lugar de realizar una investigación minuciosa que le permitiera tener claridad respecto de si los presupuestos autorizados fueron entregados y ejercidos.

Finalmente resulta preocupante que, en una época en la cual se tiende a creer que la información pública de oficio constituye un buen referente para indagar sobre la verdad, ésta sólo sirva para proporcionar indicios que, de forma ulterior, pudieran demostrar que fue posible defraudar una cifra como la mencionada sin que nadie se diera cuenta.

Frente a tales hechos, sólo caben dos hipótesis: o la Universidad Antonio Narro vive plenamente en la época de la “post verdad”, en la cual no cuentan los hechos, sino la narrativa aceptada por las multitudes, o realmente la transparencia no ha servido para otra cosa que para permitirle a quienes se benefician de la corrupción, la posibilidad de “engañarnos con la verdad”.