La universidad y su vocación
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La universidad como proyecto cultural, particularmente la universidad pública, está llamada a ser la vanguardia de la sociedad. En atención a esta circunstancia, su comunidad académica y estudiantil debe marcar el camino en la búsqueda del progreso colectivo.
Para decirlo con mayor claridad, las comunidades universitarias están convocadas a ser una muestra puntual de lo mejor de nosotros, un retrato del mejor rostro colectivo y de nuestras virtudes como seres humanos. Nunca al revés.
De espaldas a esta posibilidad, la comunidad académica y estudiantil de mi alma máter, la Universidad Autónoma de Coahuila, ha carecido de contundencia ante la necesidad de mostrarse como vanguardia de la sociedad con motivo del escándalo de violencia sexual revelado en una de sus escuelas: la Facultad de Jurisprudencia de la Unidad Saltillo.
Como lo informó VANGUARDIA en la semana, las alumnas de la referida Facultad –o al menos un grupo de ellas– viven una realidad de violencia sexual cotidiana debido a la aparente normalización de conductas misóginas entre sus compañeros de clases y profesores.
Tal realidad fue puesta al descubierto cuando, a iniciativa de un grupo de alumnas de Jurisprudencia, y a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, varias integrantes de su comunidad estudiantil denunciaron casos de violación y acoso, así como la presunta existencia de grupos de chat en los cuales se intercambiarían imágenes íntimas de las alumnas.
De tales prácticas, de acuerdo con la información difundida, participarían alumnos, miembros de la plantilla docente y personal administrativo de la Facultad, lo cual supone la existencia de un clima generalizado de violencia sexual hacia las alumnas.
La denuncia pública de tales actos constituye, a no dudarlo, un hecho de la mayor gravedad, porque estaría retratando a un segmento de la comunidad universitaria como un conjunto de individuos completamente divorciados de los principios con los cuales debieran estar comprometidos.
Desde luego no se puede –ni se debe– condenar a una comunidad entera a partir de la conducta de algunos de sus miembros. Por eso no es válido etiquetar a todos los integrantes de la Facultad de Jurisprudencia, y menos a la comunidad universitaria en su conjunto, como agresores sexuales.
Sin embargo, si es posible –e incluso necesario– valorar la posición asumida por la comunidad universitaria frente a los hechos. Y para ello es preciso realizarse algunas preguntas elementales:
¿Se ha condenado abiertamente y sin ambigüedades la presunta existencia de actos de violencia sexual en contra de las alumnas? ¿Se está ofreciendo respaldo irrestricto y suficiente a las presuntas víctimas para facilitarles la formalización de sus denuncias y, de esta forma, abrir la puerta a la investigación, persecución y castigo de las conductas denunciadas? ¿Se están construyendo las condiciones materiales para prevenir, combatir y erradicar estas conductas en el futuro?
La respuesta es no.
Porque, aún cuando se han registrado algunos pronunciamientos de rechazo y se ha ofrecido “respaldar” las acciones ulteriores de este episodio, no existe una actitud generalizada de condena ni, mucho menos, una posición de respaldo para quienes, sólo merced a la protección del anonimato, se animaron a denunciar su situación personal.
Y aquí está la clave de todo el asunto: las mujeres agredidas tienen claridad absoluta del entorno de violencia en el cual se desenvuelven cotidianamente y de las consecuencias de luchar en solitario contra quienes lo construyen y defienden porque se benefician de su existencia.
Denunciar formalmente hechos como los señalados, y someterse al proceso ulterior, es una decisión sumamente difícil para una mujer, en general, pero lo es aún más para una alumna universitaria integrante de una comunidad en la cual se le ha extendido carta de naturalización a la misoginia.
Tal hecho implica una cosa: denunciar a sus agresores supone para las mujeres exponerse a nuevos –y eventualmente peores– episodios de violencia.
Por eso, la respuesta necesaria frente al escándalo desatado en la semana es la de construir las condiciones para posibilitar la formalización de las denuncias, así como garantizar la realización de una investigación seria e imparcial.
Pero nada de eso va a ocurrir si en primer lugar no existe un pronunciamiento claro e inequívoco en torno a una idea central: toda forma de violencia sexual es inadmisible entre la comunidad universitaria y sus integrantes serán absolutamente intolerantes frente a ellas.
También es útil, por supuesto, trabajar en la creación y establecimiento de protocolos ad hoc para enfrentar eventos futuros. Pero en este momento se trata de reaccionar adecuadamente ante hechos previamente consumados. Ése es el reto… y se le está rehuyendo.
¡Feliz fin de semana!
@sibaja3
carredondo@vanguardia.com.mx