René Juárez, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados / Foto: Especial
René Juárez Cisneros, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, dijo que a pesar de que están de acuerdo con las políticas de austeridad, los despidos suponen un retroceso a la profesionalización de la función pública

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados consideró que son inaceptables los argumentos del gobierno federal que estigmatizan a miles de trabajadores, al calificarlos como “aviadores” y así justificar su despido; señaló que eso no es una reingeniería institucional, sino que constituye un atropello y una grave violación a los derechos laborales de los afectados. 

Además, señaló que dado el historial de experiencia y capacitación de dichos trabajadores, "despedirlos representantes ya un serio retrocesos a la profesionalización de la función pública". 

El coordinador de los diputados del PRI en San Lázaro, René Juárez Cisneros, dijo que los priistas están a favor de las políticas de austeridad para hacer eficiente el gasto público, sin embargo, señaló que las razones políticas no deben ser motivo de despido. 

Juárez Cisneros señaló que entre los empleados afectados se encuentran ciudadanos honrados, que tenían hasta 20 y 30 años de antigüedad, que han demostrado ser eficientes y profesionales para ocupar su puesto.

Destacó que algunos de los despedidos han señalado que sus superiores han utilizado técnicas de amedrentamiento y presión para que firmen su renuncia “de forma voluntaria”, pero no se está respetando su antigüedad ni sus prerrogativas laborales. 

Señaló que no se puede tolerar que se obligue a los servidores públicos a firmar sus renuncias y resaltó que durante los procesos de alternancia de gobierno sucedidos en años anteriores, "se realizaban cambios en mandos superiores, pero no se afectaba a los trabajadores de menor rango”. 

Dijo que el caso de despidos más llamativo es en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero también se han registrado eventos similares en otras instancias como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Instituto Nacional del Emprendedor, la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía.