Decía Churchill que “el problema de nuestra época consiste en que sus hombres no quieren ser útiles sino importantes”.

La talacha política de estos tiempos agrega dos intereses fundamentales; el primero basado en la ambición de poder y el segundo en la estabilidad económica, en ocasiones llevada al extremo de blindar dos o más generaciones familiares de los políticos (consúltese el tomo Coahuila de los últimos 14 años).

El personaje de esta correría hoy es Chema Fraustro, un político que inició en las lides universitarias, allá por los años ochenta, y que ha atesorado poder y riqueza a lo largo de una vida pegada a la ubre de los presupuestos públicos.

PRIMERA CORRERÍA. Nos vamos al 20 de febrero de 2001, en el juicio 59/98 la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Saltillo en el que se ordenaba el embargo del edificio de La Forestal (F.C.L.), ubicado en Emilio Carranza y Corona de esta ciudad, acto que sería impugnado por la parte demandada y en 2005 la empresa obtiene un amparo que le otorga el Cuarto Tribunal del Octavo Circuito, donde se establecía por unanimidad de votos de los magistrados que todo lo actuado en este asunto es nulo, incluido el laudo posterior al embargo y se ordena a la JLCA que se reponga todo el juicio, por lo que se vuelve a iniciar desde la demanda. Hasta aquí, nada para nadie; demandada y demandantes comenzarían el pleito que nuevamente ganaría Filiberto Cepeda Siller, extrabajador que exigía el pago de prestaciones por un monto de 251 mil 676 pesos, y para el 12 de agosto de 2005 el laudo se había repuesto.

Un mes después se impide el remate del edificio de Corona y Emilio Carranza, ya que cuando el actor del juicio exige el pago de prestaciones, la junta dicta un acuerdo ilegal que a la letra dice: “dígasele al promoverte que se esté en lo diligenciado en 20 de febrero de 2001 por el actuario de esta Junta”, cuando todo lo actuado en esa fecha había sido echado abajo por los magistrados federales, por lo que no se cumplía con el requisito del embargo antes de llevar a remate el edificio de Corona y Emilio Carranza, y como nadie dijo nada, ese auto quedó firme, aunque en esencia era ilegal. (Lo anterior para dar tiempo a un grupo de “inversionistas” que tenían interés en obtener esa inmensa propiedad abandonada). Así las cosas, en el otoño de 2005 el inmueble emblemático de los ixtleros se iba a remate, sin el embargo, previo en primera almoneda sin que hubiera ofrecimiento, pues el valor del edificio rondaba los 25 millones de pesos, según avalúo previo de la Procuraduría General de Justicia del Estado. En las siguientes subastas públicas, aparentemente no hubo interesados, aunque la Iglesia Cristiana que funciona a un costado del inmueble de los ixtleros hizo un ofrecimiento; por alguna triquiñuela legal, la JLCA no les aceptó el ofrecimiento. Finalmente, el 7 de enero de 2008, acude al remate José María Fraustro Siller, ofreciendo 6 millones 294 mil 951 de pesos, la cuarta parte del valor del inmueble, de los cuales deposita 629 mil 495 pesos con 12 centavos por concepto de garantía. Al día siguiente, 8 de enero, entregaba el resto, 5 millones 665 mil 456 pesos y ocho centavos con lo que el remate se lleva a efecto. (La danza de los millones de Chema iniciaba, sin embargo, para esas fechas es válido preguntar el origen de esa cantidad, cuando Chema solamente había ocupado cargos burocráticos de segundo nivel).

SEGUNDA CORRERÍA. Ésta tuvo lugar en octubre de 2013, con Chema ubicado como secretario de Educación Pública (una paradoja ya que nunca pisó una escuela pública como estudiante), amaneciendo con la noticia de la sustracción de 95 mil libros de texto gratuitos de almacenes de la dependencia, alegando que los menores no serían afectados ya que se trataba de reposiciones. Sin embargo, diversas contradicciones y triquiñuelas fueron brotando con el tiempo. La primera fue la insuficiente explicación del por qué si el ciclo escolar había iniciado en septiembre de ese año y los libros dotados a la SEDU en agosto, ¿cómo fueron sustraídos de una bodega en octubre, cuando se suponía que deberían haber sido entregados a los niños un mes antes? La segunda triquiñuela surgió cuando la Comisión de Libros de Texto Gratuito publicó un oficio en el que señalaba que esa dependencia “en ningún caso y para ningún tipo de material educativo, se entregan para mantenerse en reserva”. ¡Haya Cosa!

Posteriormente se supo que no fueron 95 mil, sino 114 mil los libros sustraídos que fueron vendidos a una recicladora de papel cuya investigación fue detenida rara y sospechosamente por orden del mismo Chemita. ¿La razón? En el próximo capítulo de la serie.


Orestes Gómez
Al correr de la pluma