Como ha ocurrido largamente en el pasado, seguramente la noticia sobre las “irregularidades” nos ocupará durante algunos días y luego caerá en el olvido, hasta que venga el siguiente informe de la ASF.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer el fin de semana anterior los informes relativos a la revisión del gasto público del Gobierno de la República correspondiente al ejercicio 2019, es decir, al primer año de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Como es costumbre y puede constatarse mediante una consulta a la hemeroteca de cualquier medio de comunicación, la ASF emitió un informe en el cual se “observan” decenas de miles de millones de pesos del gasto. Y por “observación” debe entenderse un señalamiento relativo a la violación de alguna regla al momento de ejercer los recursos y/o realizar los registros correspondientes en el sistema contable.

En el caso del primer año de la administración de la autodenominada “Cuarta Transformación”, las observaciones de la ASF suman 67 mil millones de pesos. Una cantidad de dinero que resulta difícil de imaginar incluso.

Pero, ¿qué implican estas observaciones? ¿Sin sinónimo de actos de corrupción? ¿Revelan delitos cometidos por servidores públicos que se traducirían en la obtención de beneficios materiales para ellos, sus familias o socios en perjuicio de la hacienda pública?

No necesariamente. O, si se prefiere, podría ser que en algunos casos las “observaciones” sí implicaran actos de corrupción, pero no puede saltarse a esa conclusión con la totalidad del monto observado.

Un ejemplo de este matiz lo representa el hecho de que el mayor volumen observado, poco más de 55 mil millones del total, corresponde al denominado “gasto federalizado”, es decir, a los recursos que la Federación transfiera a estados y municipios.

Del monto mencionado, casi la mitad -26 mil 757 millones- se “observó” porque no se entregó la documentación comprobatoria del gasto y casi 7 mil 500 millones porque corresponde a depósitos “en otras cuentas bancarias”. ¿Son estos actos de corrupción o implican daños patrimoniales al erario? La respuesta tendría que venir en la forma de denuncias penales específicas.

Como ha ocurrido largamente en el pasado, seguramente la noticia sobre las “irregularidades” nos ocupará durante algunos días y luego caerá en el olvido, hasta que venga el siguiente informe.

La repetición de esta historia debería conducirnos a plantear una modificación importante en la forma en la cual se informa sobre la auditoría al ejercicio del gasto, al menos en dos vertientes: por un lado, debería informarse de las observaciones que demandan modificaciones a las formalidades para el registro del gasto público; por el otro, debería señalarse con toda claridad cuáles de las observaciones realizadas implican irregularidades que darán paso a procedimientos administrativos y/o penales.

Porque tal como la ciudadanía accede a la información relativa a este proceso la impresión que queda es que decenas de miles de millones de pesos siguen perdiéndose en hechos de corrupción y que los servidores públicos responsables de la administración del gasto se estarán enriqueciendo con ello, aunque eso no sea necesariamente cierto, lo cual termina vaciando de contenido el proceso de rendición de cuentas.