Las mujeres que se enfrentaron a los caciques mineros y al Ejército

Por: Sugeyri Gándara
Fotos: Crisanto Rodríguez
Edición: Nazul Aramayo
Diseño: Édgar de la Garza

A Norma le dijeron que la tierra de su casa no era fértil. Lo dudó. Cuando esperaba a su quinto hijo, le ofrecieron una cuna y comprar su vivienda. No aceptó. Le secuestraron a su esposo y le exigieron que se fuera. Resistió. Le dijeron que ya no había Zetas, pero que los dueños podían trabajar afuera de su casa en total libertad. Se rebeló.

Norma Saldaña es una de las mujeres que han defendido ferozmente su casa, su patrimonio ante la voracidad de las minas ilegales a cielo abierto en Cloete.

Son apenas las 11 de la mañana en Cloete y, aunque es primavera, el termómetro ya marca 38 grados. Los rayos penetran el suelo árido y de nuevo emergen de él.

“Hay que apurarnos antes de que salga más el sol. Después de las 12, la temperatura sube a 42 grados centígrados, a veces, hasta los 50”, advierten Martha, Norma y María del Carmen, mientras caminan por el suelo agreste y muestran la destrucción que dejaron las minas a cielo abierto, cuevas y pocitos que invadieron Cloete Norte.

Cloete es un pequeño poblado, de no más de cuatro mil habitantes, ubicado en Sabinas, municipio dentro de la llamada Región Carbonífera de Coahuila, en donde yace la mayor concentración de reservas de este mineral en México.

Una llanura invadida de profundos socavones negros que devoraron áreas verdes, calles, árboles y cuanto encontraron a su paso. La deprimente vista evoca a una zona bombardeada.

Los tajos dividen colonias, como la Cocedores, Barrio dos y Lomas Altas. En esos fraccionamientos viven Norma Saldaña Ramírez, Martha Alicia Martínez Ortiz y María del Carmen San Miguel Montalvo. 

Este trío, desde hace tres años y junto otras vecinas, ha defendido sus casas frente a caciques mineros.

“Nosotros nos opusimos a que trabajaran. Tenemos una lucha durante dos años con ellos, para que no abrieran sus tajos y minas ilegales. Fueron constantes pleitos para que se retiraran de nuestra comunidad. Ellos no querían”, dice María del Carmen.

Al fondo de uno de los socavones, ubicado a menos de 80 metros de la colonia Lomas Altas y menos de 30 metros de la casa de Norma Saldaña, circulan camiones de volteo que desembocan tierra y material.

Martha explica que las máquinas “rellenan” el tajo que fue abierto años atrás sin los estudios y estándares que ordena la ley. Esto materializa la lucha que sostienen las mujeres de Cloete.

Mujeres valientes en Coahuila Crece el problema Las minas se expandieron como plaga por todo Cloete durante el periodo de Humberto Moreira quien gobernó el estado de 2005 a 2011.  Profepa interviene La Procuraduría le dio razón a las mujeres, pues las minas operaban a menos de 100 metros de la zona habitacional, por lo que clausuró los trabajos. 'Coyotes del carbón' Integración Minera y Grupo México pretendían extraer carbón con el título ya cancelado de la concesión, pero las mujeres de Cloete lograron impedirlo.

LA INVASIÓN Y EL TERROR

Hace más de 30 años entraron a Cloete y La Agujita las empresas extractivas de carbón.

María del Carmen explica que las minas a cielo abierto empezaron en la zona sur. Ella como residente veía lejano el problema, hasta que los tajos se propagaron.

Las minas se expandieron como plaga por todo Cloete durante el periodo de Humberto Moreira quien gobernó el estado de 2005 a 2011.

Norma Saldaña, una joven madre de cinco hijos, siempre ha vivido ahí, al menos desde que tiene memoria.

En 2003, relata, llegó Álvaro Jaime, actual regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sabinas, Coahuila. El político-minero se presentó como concesionario y dueño de los terrenos de Cloete, dice Norma. Anunció a los habitantes que abriría tajos y ofreció comprar las casas de la zona en 30 mil pesos cada una y reubicar a las quienes aceptaran.

En ese entonces, Norma estaba embarazada. El minero le ofreció regalarle una cuna y pañales si convencía a su esposo de vender. Para tratar de subyugarla, le dijo que el terreno donde vivía no era tierra fértil, que era en una zona rústica. Norma y Martín, su esposo, rechazaron la oferta.

Otros ejidatarios tampoco aceptaron.

“Nos juntamos más de 60 vecinos que no estábamos de acuerdo en sus propuestas de reubicación, mientras que otros pobladores sí se cambiaron porque no querían emprender una batalla”, rememora. 

Los habitantes que se mantuvieron en contra de los tajos y pozos fueron amenazados y amedrentados.

“En el 2007, como no estuvimos de acuerdo, empezaron a golpear y secuestrar gente para que se fuera de la zona. Decían que las minas eran de los Zetas, pero no sabemos si eran realmente Zetas o los concesionarios”, platica Norma.

La población no podía oponerse al avance de las minas porque estaba aterrorizada, pues se decía que las minas de la Agujita y Cloete, Las Esperanzas y Nueva Rosita eran del sanguinario grupo delictivo.

El temor paralizó a algunos habitantes que –como Norma–, en ocasiones, llegaron a quedarse sin salir de sus casas por días y noches. Ni siquiera por comida o para enviar a sus hijos a la escuela.

Algunos de los pobladores no soportaron y prefirieron dejar el lugar.

La minas a las que se referían como propiedad Zeta eran dos pozos operados, en esos años, por el concesionario Servando Guerra, quien hasta la fecha trabaja concesiones del regidor priista Álvaro Jaime Arellano, detalla la Familia Pasta de Conchos en un informe elaborado en 2018.

El costo por resistirse a la mina fue alto para Norma y su esposo Martín. En ese 2007, el joven carbonero fue privado de la libertad por tres días y torturado.

Martín y un primo de él –narra– fueron detenidos por la Policía municipal de Sabinas. Cuando ella acudió a pedir información sobre el arresto de su esposo, vio que sí registraron su ingreso en el libro de detención de la Policía local, pero no le permitieron verlo. Horas después regresó y le dijeron que ya había sido liberado.

Norma volvió a su casa, pero Martín no regresó hasta tres días después. El hombre, alto y de complexión muy delgada, retornó severamente golpeado; había sido entregado a un grupo armado que lo torturó.

“Tenía la espalda toda molida, yo pensé que ya no se iba a levantar porque prácticamente llegó a rastras. Era un viernes por la noche”.

Los agresores exigieron a Martín, mientras lo golpeaban, que tenía que dejar su casa. La golpiza dejó incapacitado por más de un año al carbonero, quien es sustento de su familia.

El carbonero pasó semanas en que vomitaba sangre, pero ni siquiera acudieron al doctor o en busca de ayuda médica por el temor. En ese tiempo la familia del matrimonio y el jefe del minero los apoyaban: la familia con comida, y el patrón con un poco de dinero.

En la población se esparció el rumor de que a Martín lo habían “tableado” los Zetas por oponerse a las minas. Así se sometió a los pobladores a callar y no oponerse, detalla.

Los colonos que inicialmente se juntaron para oponerse a las minas fueron divididos.

“En 2008, dijeron que cinco personas habíamos vendido la vivienda. En esa versión falsa, nosotros éramos de los que (supuestamente) habíamos vendido. Dijeron que mi esposo había agarrado medio millón de pesos y no fue así. Los habitantes se fragmentaron. Cada quien andaba por su lado”, abunda Norma.

LOS SEÑORES DEL CARBÓN 

El carbón que se extrae de Coahuila es adquirido por Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi), un organismo descentralizado del Gobierno de Coahuila –creado en 2003– y que funge como intermediario ante la Comisión Federal de Eléctrica. Promedi compra a los empresarios y a su vez vende el carbón a la CFE, para su abastecimiento de las Centrales Termoeléctricas José López Portillo y Carbón.

Álvaro Jaime Arellano, actualmente primer regidor del PRI del municipio de Sabinas es el propietario de las concesiones de Cloete Norte (título 217332) y Cloete Centro (título 216996). Unas zonas de estas concesiones están en la superficie que es propiedad de Miguel Valdés, y de Fernando Mendoza Bernal, documenta el informe Carbón Rojo 2018.

Servando Guerra Rodríguez y Reynol Bermea Castilla son los que operaban las concesiones de Álvaro Jaime sin Manifiesto de Impacto Ambiental.

Las minas de las concesiones Cloete Norte y Cloete Centro son justo las que decían que eran de los Zetas durante el moreirato, detalla el reporte de OFPC.

Reynol Bermea Castilla era hermano Joel Bermea Castilla, dueño Minera Las Cuatas, empresa que inició con contratos de Prodemi a partir del año 2009. 

Reynol, que no tenía una compañía, rentaba el terreno colindante entre la concesión Cloete Norte.

Servando Guerra obtuvo tres contratos durante los gobiernos de los priístas Humberto y Rubén Moreira. La Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) estima que el trío de convenios representan al menos 146 millones 250 mil pesos, tomando el precio mínimo pagado que paga Prodemi.

Servando Guerra Rodríguez y Antonio Nerio Maltos, actual diputado local por PRI, son dueños de la empresa Integración Minera, la cual, también es propiedad de Antonio Nerio Maltos. 

CÓMO INICIA UNA BATALLA

Álvaro Jaime Arellano, Servando Guerra Rodríguez y Reynol Bermea Castilla se adueñaron poco a poco de los terrenos en Cloete.

Los tajos se extendieron hasta llegar, literalmente, al patio de la casa de Norma Saldaña. Un socavón estaba a 30 metros al norte de su vivienda y otro igual al lado. “Ya estaban escarbando casi en mi patio hacia abajo de mi casa”.

El miedo seguía dentro de Norma y su esposo, pero aun así recurrió a los vecinos y familiares a quienes les pidió ayuda para detener la expansión de minas que afectaban su casa. Su inmueble tenía severas cuarteadas, parte del suelo se sumía mientras que surcos bordeaban su patio. 

“Fuimos con la gente a que nos ayudaran porque los tajos nos iban a tumbar las casas. Y no es justo, ese es nuestro patrimonio, de nuestros hijos. Nos están quitando todo lo que hay aquí, en Cloete”.

Los habitantes de Barrio Tres y Cocedores hicieron un plantón en 2014. Detuvieron parte de la maquinaria que carcomía la zona habitacional y quería avanzar hacia la vivienda de Norma, cuenta la ama de casa.

La calle Australia en Cloete ya sólo se encuentra en los mapas de Google porque en la realidad no existe. Los tajos destruyeron caminos e incomunicaron a colonias de la zona.

El 31 de octubre de 2014, Reynol Bermea Castilla fue ejecutado en Coahuila.

Pasaron varios días y Servando Guerra y Álvaro Jaime Arellano, junto autoridades municipales Sabinas, acudieron a las casas para anunciaron que “ya no había Zetas”, narra Norma.

Las familias se armaron de valor, pues temían que sus casas, de un momento a otro, fueran absorbidas por la tierra. Desde entonces se enfrentaron a los mineros que extraían carbón bajo la ilegalidad, pero avalados por las autoridades locales.

Cristina Auerbach Benavides conoció a Norma y a los pobladores de Cloete en el 2015, mientras las residentes trataban de determinar la máquina de los mineros.

La defensora de los mineros explicó a los pobladores que las minas estaban actuando mal; que violaban sus derechos y que ellos –los afectados–  podían denunciar. 

Las minas no sólo hacen excavaciones a cielo abierto, también escarban por debajo de las casas.

Dentro de los socavones hacen cuevas o desde un pozo de tiro, meten a los mineros y, desde ahí, inician una especie de “túneles” para extraer carbón, según explica Martha Alicia Martínez.

El 9 de febrero de 2015, Norma acudió con a las oficinas del Ministerio Público local para denunciar a las minas por los tajos.

La joven recuerda que Juan Jaime Zamora, en ese entonces encargado de la agencia receptora de denuncias de Coahuila, se negó a levantar la querella, pues ni siquiera le preguntó el nombre, sólo le cuestionó qué quería exponer.

Saldaña Ramírez narró su situación, pero el funcionario le respondió que no podía hacer nada porque ese terreno presuntamente ya estaba vendido. El servidor público, en lugar de levantar la denuncia, le comentó que mejor llegara a un acuerdo con los empresarios, denuncia.

“El Ministerio Público me dijo que yo me fuera de aquí, que vendiera y me retirara. Sentí horrible porque yo fui a pedir ayuda y me dijeron lo contrario”, abunda. 

Norma no se rindió. En compañía de varias mujeres se apersonaron, días después, con el entonces alcalde de Sabinas, Ignacio Lenin Flores Lucio, para exponer el problema.

Álvaro Jaime Arellano, Servando Guerra Rodríguez también arribaron con el alcalde, al igual que José Pichardo González, de Protección Civil local que defendió a los empresarios.

“Pichardo decía que dejáramos trabajar a la mina, que ellos estaban en su derecho porque el concesionario había comprado la casa de enfrente y podía hacer lo quisiera”, agrega. 

Las pobladoras refutaron.

Norma afirma que el mismo alcalde de Sabinas les sugirió a Servando y a Álvaro que podían demandar a los ciudadanos por despojo. Y así sucedió posteriormente.

En el 2016, las mujeres de Cloete fueron acusadas por presuntamente “distraer las maquinas, de no dejar trabajarlas”. La demanda reclamaba la pérdida de supuestamente 80 millones de pesos por parar labores. “Nos inculpaban de cosas que no eran ciertas”.

Ellas no eran las únicas afectadas. Los residentes de la colonia Lomas Altas también se rebelaron, a partir del 2015, cuando las maquinaras retro excavadoras trabajaban a unos metros de sus hogares.

LAS MUJERES DE CLOETE

La corta distancia de la mina a su casa alertó a Martha Alicia Martínez Ortiz que algo estaba mal y, de pronto, el tajo ya estaba a 50 metros. Fue en 2015.

“¿Por qué están trabajando tan cerca de nuestros hogares?”, cuestionó Martha a uno de los trabajadores. 

El supervisor del tajo se limitó a decir que ellos tenían permiso de Antonio Nerio y que ya nada podía hacerse.

“Nos trataron muy mal. A mí eso me dio tanto coraje que mi reacción fue de levantarnos y pelear, porque no es justo que vengan a tumbar nuestras casas”, asevera enérgicamente Martha.

María del Carmen San Miguel, vecina también de Lomas Altas, comparte que tras indagar e investigar, pronto se dieron cuenta que el diputado priista Antonio Nerio Maltos, exalcalde de Nueva Rosita y empresario minero, era el hombre detrás de la mina que se apoderaba y que Miguel Valdez –dueño del terreno– le otorgó un supuesto permiso para trabajar.

“Los alcaldes, los regidores y gobernadores son los dueños de todo esto, pero se echan la bolita unos a otros”, dice María del Carmen.

Las mujeres empezaron a reunirse para buscar como detener la invasión minera en sus hogares. 

Cristina Auerbach Benavides, que desde el 2006 da acompañamiento a las familias de Pasta de Conchos, asesoró a las ciudadanas, les enseñó mapas y las puso a estudiar el Manifiesto Ambiental que deben cumplir todas las compañías.

“Nos enseñó cómo nos debíamos de defender, que hay un manifiesto ambiental de que tiene que respetarse”, detalla.

El conocimiento de los reglamentos, principalmente el apartado que especifica que las minas deben de respetar una distancia entre su borde y las zonas habitacionales, dio las armas a las ciudadanas para luchar por sus patrimonios.

Desde entonces, salieron a poner un alto a los tajos de Cloete, enfrentándose a mineros e incluso fuerzas policiales.

Martha recalca: “Mientras ellos estén a 350 metros nosotros no los debemos molestar, pero si ellos están a menos de 350 metros, nosotros teníamos que luchar”.

Su batalla empezó a rendir frutos en 2016. La Procuraduría Federal del Ambiente clausuró el tajo de Cloete Norte de Álvaro Jaime y Antonio Nerio por operar a menos de 100 metros de la zona habitacional.

Pero los empresarios mineros no se habrían de quedar de brazos cruzados.

Las Mujeres de Cloete, integrantes de Organización Pasta de Conchos, cobraron reconocimiento en la Región Carbonífera después de sostener una protesta contra el tajo en la que se “enfrentaron” con elementos del Ejército a inicios del 2017.

Un fuerte estruendo, seguido de sonidos de la maquinaria pesada en circulación alertaron a las mujeres de Cloete que los caciques de la mina pretendían reiniciar operaciones en el tajo clausurado. 

Al menos 15 mujeres se congregaron en el socavón y se apostaron frente a la maquinaria, conducida por un obrero. Le explicaron que no podía seguir y que no permitirían efectuar ninguna labor para reiniciar operaciones. Después, se plantaron en el lugar hasta estar seguras de que no habría algún otro conato por apertura el tajo.

María del Carmen cuenta que “los empresarios enviaron a elementos del Ejército para tratar de ahuyentar a las mujeres”. 

La presencia de los militares –según expuso uno de ellos– presuntamente se debía a que reportaron que en esa manifestación tenían a un hombre “secuestrado”.

En ese momento, el empleado de la mina se tomaba un refresco junto con las manifestantes –detalla María. El obrero aclaró que no se trataba de ningún plagio.

Uno de los elementos del Ejército amenazó con llevarse detenidas a las mujeres si no retiraban la protesta.

Las luchadoras no llevaban pistolas ni rifles. La única arma que tenían para enfrentarse con los soldados era con argumentos jurídicos. Y así lo hicieron.

Los caciques mineros arguyeron que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ya les había retirado la clausura. Las mujeres, a sabiendas del comportamiento de los dueños de las minas, dudaron y solicitaron ayuda para Cristina para corroborar la información. Ciertamente, la dependencia había ordenado el levantamiento de la clausura, pero no para reiniciar operaciones, sino para tapar el enorme hoyo que dejaron en la zona.

Integración Minera y Grupo México pretendían extraer carbón con el título ya cancelado de la concesión; pero las mujeres de Cloete lograron impedirlo.

La compañía y Álvaro Jaime Arellano planeaban obtener 200 millones de pesos (de ese año). Un 10 por ciento sería para Álvaro Jaime, por ser el dueño de la concesión, mientras tanto, a Miguel Valdés se le pagarían 600 mil pesos, asienta la organización “Familia Pasta de Conchos” en su informe “Carbón Rojo 2018”.

Cuando las mujeres de Cloete, como parte de la organización “Pasta de Conchos”, se levantaron para defender sus derechos y su patrimonio empezaron a ser señaladas. Martha tiene fresco el recuerdo:

“Fuimos llamadas revoltosas y problemáticas. Pero no fue capricho. Existen leyes y la ley dice que no puedes trabajar a menos de 350 metros. Fuimos tachadas de muchas maneras […] pero vamos a seguir, porque hemos visto muchos cambios y uno de ellos aquí está: –señala al socavón– cerrar un tajo que está tan cerca de nuestras casas”.

Martha y Norma continúan caminado por la población. Muestran una estructura de madera y fierro viejo. Un hoyo angosto y largo del que salen moscos.

“Este iba a ser uno de los pocitos que también paramos y cerramos”, dicen con orgullo las mujeres.

En los tres años que llevan de lucha, las mujeres de Cloete han detenido al menos cinco tajos, que ya están cerrados.

Las vecinas de Cloete y sus familias se mantienen en alerta. Un estallido o cualquier ruido extraño y se llaman entre sí. Ante cualquier indicio de que los “coyotes del carbón” intenten reactivar un tajo, cueva o pozo clausurado, se juntan para ir a evitar que continúen.

Martha advierte: “Nosotros vamos  seguir luchando porque ya nos gustó el cambio, el vivir en la tranquilidad en tener el pueblo y ver el cambio que hemos logrado”.

Cloete, un pequeño poblado:

Tiene menos de 4 mil habitantes, está ubicado en Sabinas, en la Región Carbonífera de Coahuila, en donde yace la mayor concentración de reservas de carbón en México.

2003 Álvaro Jaime, actual regidor del PRI en Sabinas, anunció que abriría tajos y que compraría la casa de cada habitante en 30 mil pesos porque ya era terreno infértil.
2007 Martín, esposo de Norma, fue secuestrado y torturado para que vendiera su casa, pero el matrimonio no cedió a las amenazas.
2015 Norma acudió con a las oficinas del Ministerio Público local para denunciar a las minas por los tajos.
2016 Las mujeres de Cloete fueron
demandadas por presuntamente “distraer las maquinas, de no dejar trabajarlas”.
2016 La Profepa clausuró el tajo de Cloete Norte de Álvaro Jaime y Antonio Nerio por operar a menos de 100 metros de la zona habitacional.
2017 Las Mujeres de Cloete protestaron en el socavón y se “enfrentaron” con el Ejército.

Norma llega a su casa apurada para hacer la maleta. La joven madre, que años atrás vivió en un encierro por temor, hoy se prepara para viajar a otro estado a un encuentro de activistas que pelean contra los megaproyectos de energía que violentan la tierra, su sustentabilidad y los derechos de sus hijos.

Su esposo Martín, un carbonero y aliado de las mujeres de Cloete, ayuda a Norma con los detalles finales de su viaje y se dispone –junto con su hijo varón mayor– a preparar la comida para los invitados.

Sale de su casa y se dirige a un pequeño invernadero que tienen a un lado de su vivienda para tomar unas cebollas.

Allí, en esa tierra que los caciques del carbón les dijeron que era infértil, el matrimonio cosecha una modesta cantidad de cebolla, chile, cilantro, y sandía.

La Región Carbonífera se enfrenta todos los días a las violaciones a los derechos humanos, promovidas, protegidas y alentadas por el mismo Estado, y nadie dice nada, destaca Cristina Auerbach. 

La activista concluye que hay un mito en torno a los proyectos extractivos porque debieran generar desarrollo y bienestar, pero más bien, afectan a las comunidades sin asumir ninguna responsabilidad.

“La Carbonífera muestra el resultado de una Reforma Energética que deja en manos de las empresas un modelo extractivo que no señala responsables, culpables y que, además, no brinda ningún desarrollo a la región”.

La defensora concluye: “Lo que  muestra esta región es que es de una fortaleza brutal. Uno entiende por qué han sido capaces [empresas y Estado] de tratarlos de esa forma, cuando uno ve lo que son capaces de resistir”.