Las vicisitudes de una ley

La Ley del Catálogo del Patrimonio Histórico y Cultural Municipal fue aprobada en el último período ordinario de sesiones del Congreso del Estado de Nuevo León, y fue propuesta por Movimiento Ciudadano y por el Partido del Trabajo. Según se conoce estuvo como documento legislativo dos años previos para su análisis hasta que finalmente fue aprobado por una mayoría de diputados locales.

¿Cuál es el problema que entraña esta Ley? ¿Por qué tiene tantos detractores de la sociedad civil y del medio académico? ¿Acaso no será una autoridad suficiente para el tema de la catalogación el Instituto Nacional de Antropología e Historia?

Si el gobernador Jaime Rodríguez Calderón no veta esta Ley, ya imagino el polígono del Barrio Antiguo lleno de edificios de corporativos y departamentos, así que será menos lo que existirá de lo poco que se logró conservar luego de que desaparecieron cientos de viviendas con valor histórico por la construcción de la Macroplaza. Pienso también en el resto de los municipios conurbados a Monterrey en donde hay grandes intereses inmobiliarios que pueden presionar a los munícipes para que la Comisión de patrimonio histórico y cultural, que resultaría de la Ley mencionada, se oriente a dichos intereses. Si los alcaldes serán los que nombren al presidente y vocales de esta comisión habrá que garantizar que guíen con ética el resguardo del patrimonio construido.

El secretario de la multicitada comisión sería el cronista municipal, sobre el que de pronto se habla mal partiendo de algún ejemplo en particular. Este es un tema de mi mayor interés por lo que me permito compartir una opinión pues desde hace 28 años soy cronista del pueblo mágico de Bustamante, Nuevo León, y actualmente presido la Asociación Nacional de Comunidades y Ciudades Mexicanas (ANACCIM).

Los cronistas municipales son fedatarios del haber histórico, curadores, investigadores y expositores de la cultura de la comunidad; además son promotores de su desarrollo como se ha visto en los últimos años. La mayor parte de ellos no recibe ningún tipo de emolumentos económicos por su trabajo, generalmente son profesores jubilados que con mucho honro pagan de su peculio la transportación necesaria para cumplir con sus responsabilidades, así como los materiales de lectura e investigación que requieren para desarrollar su labor. Inclusive pagan la edición de sus libros, salvo pocas excepciones. 

En México hace falta que se legisle en torno al papel y función del cronista. En algunas entidades federativas como Sinaloa, Sonora, y Guanajuato hay leyes que les dan su lugar a los cronistas y hasta indican que tengan honorarios y que sean parte de la administración municipal. Hoy en día los cronistas también confluyen con los alcaldes de sus municipios que van siendo de diferentes partidos para involucrarlos en los temas de historia y cultura y los nobles cronistas allí están acreciéndose ante las dificultades que entrañan las distintas visiones de los munícipes con los que van alternando de manera honorífica en el caso de Nuevo León.

Si la Ley aprobada en Nuevo León se replicara en Coahuila podemos compartir que según el Código Municipal no hay ninguna obligación por parte de los ayuntamientos municipales para apoyar a sus cronistas. Hay cronistas que reciben dos mil pesos mensuales, los menos reciben un sueldo, pero muchos cronistas no son apoyados.

Considero que los cronistas son en los municipios una figura central y de conocimiento y que por supuesto podrían llevar un papel digno en la comisión a la que se les invitara, pero no sería justo una vez más que tengan que ofrecer su trabajo de manera gratuita.