‘Ley 3 de 3’: el veto presidencial

Tras la cancelación del evento en el cual se tenía programado promulgar el paquete legislativo que crea el denominado “Sistema Nacional Anticorrupción”, la Presidencia de la República desveló ayer el misterio: el Poder Ejecutivo devolverá al Senado —con observaciones— la Ley General de Responsabilidades Administrativas recientemente aprobada.

Para todo efecto práctico lo que este anuncio significa es que el Presidente de la República decidió ejercer su derecho de veto luego de que la aprobación del paquete legislativo, en los términos en los cuales fue votado en las cámaras de diputados y senadores, provocara reacciones airadas de diversos grupos sociales, entre ellos el sector empresarial.

Se trata, en principio, de una buena noticia, pues siempre es una buena noticia que quienes detentan el poder escuchen la voz de los ciudadanos y reaccionen frente a ello de forma adecuada.

No habrá que regatearle por eso el reconocimiento al titular del Poder Ejecutivo Federal, pues la regla que estamos acostumbrados a ver es exactamente la inversa, es decir, el desprecio absoluto de los gobernantes a los reclamos colectivos.

Sin embargo, valdrá la pena estar atentos para ver si la rectificación presidencial se aprovecha para atender todos los reclamos ciudadanos que generó la aprobación “rasurada” de la denominada “Ley 3 de 3”, o solamente se presta atención a las protestas del sector empresarial.

Ayer mismo comenzaron a surgir los señalamientos en el sentido de que -al menos a partir del anuncio realizado por el Consejero Jurídico de la Presidencia- resultan insuficientes las observaciones con las cuales se pretende devolver la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Y es que de acuerdo con el Consejero Jurídico, las observaciones presidenciales se limitan al apartado de la Ley que obligaría a los particulares a presentar sus declaraciones patrimonial y de intereses en caso de recibir recursos del sector público.

Al respecto se ha señalado —y con razón— que el reclamo más importante de la sociedad no gira en torno a dicho rubro, sino respecto de la “mutilación” que sufrió la iniciativa ciudadana al eliminarse la obligación de que las declaraciones de los servidores públicos se pongan íntegramente a disposición de los ciudadanos.

El presidente Peña Nieto ha tomado una buena decisión al detener la promulgación del paquete legislativo, pues ha mostrado sensibilidad política frente a un yerro del Poder Legislativo que ha generado muy agrias críticas al Gobierno y su partido.

Pero si las observaciones que envíe al Congreso de la Unión no incluyen la publicidad de las declaraciones, probablemente el gesto que ha tenido termine diluyéndose en una nueva andanada de críticas por no escuchar el más sentido de los reclamos generados en este episodio.