Lo que está en juego es algo que no debe trivializarse: la cooperación internacional para el combate eficaz al crimen organizado transnacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador remitió al Senado de la República, el viernes pasado, una iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional cuya existencia seguiría sin ser conocida si no fuera porque el líder de la bancada de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, decidió “revelar” el hecho a través de su colaboración en el periódico El Universal.

En un artículo titulado “Seguridad nacional”, publicado ayer en el rotativo capitalino, Monreal calificó la iniciativa como “un parteaguas en materia de cooperación internacional en asuntos de seguridad nacional, con base en dos principios fundamentales: la corresponsabilidad y el respeto a la soberanía de la nación”.

En su cuenta de Twitter, el zacatecano afirmó además que la iniciativa presidencial constituye “un parteaguas en la defensa de nuestra soberanía”, pues “ningún presidente se había atrevido a plantearlo de manera tan firme y categórica”.

El documento, que ya es de dominio público, en efecto plantea reformar la Ley de Seguridad Nacional de manera que la actuación de los representantes de cualquier gobierno extranjero en territorio mexicano se encuentre sujeta de forma estricta a la legislación nacional vigente, y que toda la información derivada de las acciones desplegadas en territorio nacional por aquellos sea del conocimiento del Gobierno Federal.

Una primera lectura de la iniciativa no deja lugar a dudas que se trata de un planteamiento que refuerza la soberanía nacional y deja claro que las acciones realizadas en México, en materia de combate a las actividades delincuenciales, es responsabilidad exclusiva del Estado mexicano.

Una lectura más detallada, sin embargo, genera dudas en dos vías: en primer lugar, sobre las motivaciones de la misma y, en segunda instancia, sobre si estas normas realmente favorecerían un combate más eficaz a la delincuencia transnacional.

Sobre lo primero, la especulación no se ha hecho esperar, pues el envío de la iniciativa se ha interpretado que tiene una clara dedicatoria en contra de las agencias federales de Estados Unidos –la DEA y el FBI fundamentalmente– y constituye la respuesta del Gobierno de México al reciente arresto del general Salvador Cienfuegos en el vecino país.

Sobre lo segundo, el exjefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, fue citado ayer por diversos medios asegurando que, de aprobarse la reforma, “va a obstaculizar las operaciones internacionales (y) el intercambio bilateral de información”, lo cual “va a ser mucho más perjudicial para México que para Estados Unidos”.

La mesa está puesta para la especulación y el tema sin duda va a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas. Más allá de la polémica, sin embargo, lo que está en juego es algo que no debe trivializarse: la cooperación internacional para el combate eficaz al crimen organizado transnacional. Equivocarnos en este aspecto puede encarecer el costo que ya pagamos actualmente en esta materia.