La pandemia por el coronavirus ha generado que los gobiernos impongan una serie de restricciones a nuestra libertad. La principal: no debemos circular libremente para evitar contagiarnos y contagiar. En el mundo, los constitucionalistas críticos hoy reflexionan sobre el tema. Mañana el estado de emergencia sanitaria será objeto de doctrina, leyes y jurisprudencia.

En la vida existen muchos tipos de peligros que las “leyes del miedo” regulan a partir del “principio de precaución”: los riesgos se combaten con la limitación de la libertad para evitarlos, disminuirlos o controlarlos. Dicho de otra forma: “más vale limitar la libertad de circular de todos a lo estrictamente necesario, que la libre circulación del virus que todos podemos transmitir”.

En la crisis sanitaria, según la fase de contagio, el Estado puede ir aumentando sus restricciones según lo dicte la ciencia epidemiológica. Las personas, para preservar nuestra salud, tenemos derecho a estar libres de ciertos riesgos que, en la medida de lo evitable, erradiquen el daño al máximo. El problema radica en que las emergencias sanitarias pueden constituir no sólo intromisiones injustificadas a la libertad, sino que además pueden llegar a tener un efecto paralizador con consecuencias también perjudiciales para la comunidad.

En principio debemos ser diligentes con nuestra obligación de no poner en riesgo ni a nosotros mismos ni a los demás. Entiendo, sin embargo, que para un Estado no es fácil administrar esta situación que, además, plantearán casos trágicos. El Estado no sólo debe asumir decisiones científicas que resulten necesarias para obtener el mayor beneficio social, sino también debe resolver dilemas éticos entre la vida y la muerte, entre los deberes de salvar a uno, a muchos o a nadie.

Hace tiempo escribí un artículo sobre el avión bomba (véase https://bit.ly/2vQb7pk). En él se plantea el problema moral sobre las elecciones de tomar una decisión fatal que proteja la vida. Es la llamada cuestión de la “casa incendiada”.

En una casa en llamas, ¿a quién salvas? A tus hijos, a los más pobres, a los bomberos que apagarán el fuego o a los científicos que lo evitarán. Los infortunios de la vida plantean las decisiones trágicas: ninguna en sí misma es aceptable, pero sí es necesaria. Si eres egoísta salvarás a tus familiares. Si eres solidario preferirás a los más desprotegidos. Si eres utilitarista escogerás a los bomberos. Si eres racionalista decidirás por el científico.

Este ejercicio describe las concepciones que se deberán deliberar en casos que ya están pasando. En una situación de fatalidad, ¿a quién le quitarán el respirador? En situaciones de saturación hospitalaria, ¿a quién dejarán de atender? La decisión de dejar morir a alguien, por la preferencia de unos en perjuicio de otros, será una cuestión que podrá generar responsabilidad moral y legal.

No es sencillo. Es el dilema de ser Caifás o Pilatos. Se lava uno las manos (y no nada más con jabón y agua) o prefiere que mueran unos pocos para salvar a todos. En este debate existen tres leyes morales que las autoridades deben considerar: la de “los números”, según la cual lo más aceptable es salvar al mayor número de personas; la de “las oportunidades igualitarias”, según la cual lo preferible es el trato que dé la mayor posibilidad a cada quien de ser salvado; la del “más salvable”, según la cual privilegia la necesidad de salvar al que razonablemente tenga más chance de sobrevivir.

Para los que fueron mis alumnos de Filosofía del Derecho, estos dilemas eran parte de las discusiones en clase. Hoy son realidades que se deberá asumir no sólo en términos científicos, sino también de manera ética.

A MANERA DE SENTENCIA

Espero que esta crisis sanitaria se enfrente con la ciencia y de manera diligente por nuestros liderazgos representativos y ayude, a la humanidad, a corregir el rumbo que nos hace cada vez más frágiles por nuestras imprudencias inexcusables.

Que la suerte de la vida se reparta entre el mayor número de personas y que, por tanto, el infortunio sea una consecuencia natural y no causal de una omisión grave de la autoridad.