Leyes ‘antifactureras’, ¿exceso o justicia?
Alerta el sector empresarial sobre el riesgo de que algunos contribuyentes sean investigados por lavado de dinero, por errores contables
Conocidas como “Leyes antifactureras”; las reformas, adiciones y derogaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal; esta semana finalmente recibieron luz verde por parte del Congreso de la Unión.
Las nuevas disposiciones, que en general equiparan a la defraudación fiscal con la delincuencia organizada, fueron avaladas por los diputados federales, no obstante que durante meses diversos grupos del País, principalmente el sector empresarial, se manifestaron en contra de tales cambios.
Según cifras dadas esta semana por Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal de la Federación, existe en México una red criminal integrada por más de 8 mil “empresas fantasma”, creadas para la facturación de operaciones simuladas.
El funcionario federal aseguró que el erario deja de percibir 350 mil millones de pesos al año por defraudación fiscal en general.
En el mismo tema, de acuerdo al análisis “Defraudación fiscal y facturas falsas. Apuntes de la discusión legislativa”, emitido por el Instituto ‘Belisario Domínguez’, del Senado, en los últimos años se ha incrementado la compra-venta de comprobantes fiscales o facturas falsas.
Se destaca que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó un operativo nacional de revisión en el que detectaron 150 empresas que facturaron operaciones simuladas, por las que se presentaron 23 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de compañías que han realizado ese tipo de actividad, considerada como desvío de recursos públicos.
Añade que, además, el SAT tiene identificadas, desde el 2014 a junio de 2019, 8 mil 204 empresas que realizaron dicha actividad ilícita en nueve estados de la República Mexicana.
De éstas, la mayor concentración se encuentra en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. “En suma, se estima un daño al fisco federal de 354 mil 512 millones de pesos que representa 1.4% del Producto Interno Bruto”, señaló el estudio.
La historia
El tema tomó relevancia el martes 25 de junio de este año, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno actuaría contra todas aquellas personas físicas y morales que emitan facturas falsas.
Añadió que el SAT tendría la encomienda de enfrentar esta problemática que daña las finanzas públicas por miles de millones de pesos a través de engaños al fisco.
Las siguientes fueron semanas en las que detractores y defensores de esta medida se enfrascaron en discusiones mediáticas en torno al tema.
Sin embargo, todo esto no se evitó la llegada del decreto al Legislativo, y el pasado 10 de septiembre el Pleno del Senado de la República avaló la propuesta y la turnó a la Cámara de Diputados.
Ese día, con la oposición del PAN y el PRI, el Pleno del Senado le dio el visto bueno en lo general y en lo particular a dicho decreto que, entre otras cuestiones, va contra las empresas fantasma y establece que delitos como la defraudación fiscal y la venta de facturas falsas ameritan prisión preventiva oficiosa.
El proyecto fue aprobado en lo general con 82 votos a favor y 34 en contra, y en lo particular, con 66 a favor y 45 en contra.
De los senadores coahuilenses, los morenistas Armando Guadiana Tijerina y Eva Eugenia Galaz Caletti votaron a favor, mientras que la priista Verónica Martínez García, lo hizo en contra.
“Yo le voy a hablar al grupo de mayoría en su lenguaje”, expresó ese día la priista Claudia Anaya Mota, “esta reforma está ‘fuchi’, esta reforma está “guácala”, para que me entiendan. Señor, señora, empresarios, tengan cuidado, la 4T los va a perseguir peor que a sicarios”.
Posteriormente, el 14 de octubre, en las Comisiones Unidas de Hacienda y Justicia de la Cámara de Diputados, se aprobó el proyecto turnado al Senado en el que se tipifican a las facturas falsas y las empresas fantasma, como delitos de delincuencia organizada y un atentado a la seguridad nacional.
“Los legisladores de oposición expresaron preocupación por considerar así dichos delitos que, por un error de contabilidad, los empresarios podrían ser llevados a la cárcel y expropiar sus bienes, pues se aplicaría la prisión preventiva oficiosa, la extinción de dominio, mientras se investiga si se cometió el acto ilícito o no.
“De hecho, dijeron que sancionar como atentado a la seguridad nacional es equiparable al delito de terrorismo, lo cual resulta inaudito. Además, acusaron a los morenistas de no tomar en cuenta ni una sola propuesta de los empresarios, expertos en materia fiscal y colegios de contadores, quienes se opusieron al esquema sancionatorio”, según reportaron medios nacionales.
Cacería de empresarios
A nivel local, luego de que fue aprobada la nueva legislación, Eduardo Dávila Aguirre, presidente de la Canaco Saltillo, fue directo y opinó que la ley “antifactureras” se percibe como una cacería de causantes y que su aplicación inhibirá la inversión y la creación de nuevos empleos.
El dirigente de los comerciantes saltillenses criticó la aprobación del decreto avalado en el Congreso de la Unión.
“Sí puede ser un elemento que inhiba la inversión, que inhiba la creación de más y mejores empleos”, dijo, “entonces, esperemos que se reconsidere esta injusta cacería de empresarios. Se están sentando las bases para que eso pueda suceder”.
Pidió recordar que los inversionistas son quienes generan en gran parte los empleos del País, por lo que lo que se tienen que hacer es ayudar al empresariado a que tenga mejores opciones de inversión y de crecimiento.
Dávila Aguirre dijo que la nueva legislación va a vulnerar y a disminuir la cantidad de inversión.
Sobre la posibilidad de ampararse, tal y como a nivel nacional ya lo anunció el sindicato empresarial, Dávila admitió que es una medida que puede servir, “pero lo más importante es que debió de haberse contenido antes de que se generaran [las reformas]”.
“El sector empresarial está a favor de que disminuyan las empresas factureras”, explicó, “claro que sí, porque es un quebranto a la nación, pero no puedes poner a todos los empresarios en una misma bandeja”.
“Equipararlos a la delincuencia organizada no es justo, no es la percepción correcta y adecuada, y lejos de ayudar va a inhibir, va a frenar la inversión y la generación de empleos”, reiteró.
Terrorismo fiscal
También luego de aprobada la nueva legislación, en las páginas de VANGUARDIA se publicó que el especialista fiscal, Jorge Ayax Cabello Hernández, dijo que junto con la Ley Nacional de Extinción de Dominio, esto tiene que ver con un tema de terrorismo fiscal y se está configurando una “tormenta perfecta”.
Calificó ese par de leyes como una “pinza mortal” desde el punto de vista fiscal porque por una simple presunción pueden llegar a señalarse consecuencias penales.
“Además de que le pueden embargar los bienes a un empresario o un comerciante simplemente por una sospecha”, expresó.
Agregó que como están redactadas las modificaciones a diversas disposiciones legales en materia de delitos fiscales, se estaría motivando que el empresario o el comerciante sean requeridos y se les apliquen circunstancias en materia penal.
Cabello Hernández abundó que dentro de las disposiciones aprobadas no solamente incluyeron la parte de facturas falsas u operaciones inexistentes, sino que cualquier persona que tenga un error en manifestar sus ingresos, deducciones o hacer algún trámite de cambio de domicilio, etcétera, también lo pueden imputar.
¿Y qué dicen los empresarios? Coparmex Coahuila cuestiona la tipificación que traen consigo las reformas en materia fiscal para el Ejercicio 2020
El presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Ricardo Sandoval Garza, cuestionó que la reforma fiscal incluya la tipificación en delincuencia organizada y terrorismo, asimismo preocupa la forma de su implementación porque puede haber una omisión sin dolo o intención, por ejemplo al contratar el servicio y que la factura resulte que no cumple con un requisito, entonces hay cárcel.
El empresario fue claro al señalar que en la Coparmex aplauden que se ataque la evasión fiscal, el lavado dinero y la evasión de impuestos.
Coparmex: esfuerzo en vano
Un día antes, el 15 de octubre, justo el día en que la Cámara Baja aprobó en el Pleno la polémica reforma, Reginaldo Esquer Félix, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex reveló, en rueda de prensa, el sentir de los empresarios por la, hasta ese momento, inminente aprobación del decreto.
“Hoy nos reunimos con tristeza, pues a pesar de todo el esfuerzo desplegado para tratar de convencer al Gobierno Federal, a nuestros senadores y diputados, no fue posible hacerles cambiar de parecer y modificar su propuesta”, señaló.
Esquer Félix consideró que de nada o de muy poco sirvieron los comunicados, las reuniones, las sesiones de trabajo y su participación en los ejercicios de Parlamento Abierto.
“Hubo muchísimas voces del sector empresarial privado y profesional que intentaron convencer del grave daño que a nuestro juicio estas reformas provocan”, advirtió.
Señaló que es importante establecer que tanto la Academia Fiscal Mexicana como la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y la Coparmex, entre otros organismos, han insistido en apoyar iniciativas para combatir esquemas simulados de defraudación fiscal.
“Entendemos que estas prácticas indebidas han afectado gravemente la recaudación en el País y han generado, además, una competencia inequitativa de los empresarios que contribuyen al empleo y el pago de contribuciones mediante actividades ilícitas.
“Pero también se coincide con diversos organismos de la sociedad y expertos fiscalistas que consideran un exceso equiparar a la defraudación fiscal como crimen organizado, ponerla a nivel del narcotráfico, de la trata de personas y del terrorismo en general”, expresó Esquer Félix.
Insistió que la defraudación fiscal de ninguna manera debería de ser considerada como una amenaza a la seguridad nacional, ya que aún y cuando pueda afectar de manera considerable la recaudación de contribuciones, no pone en riesgo, ni la estabilidad financiera o la económica del Estado mexicano.
“La defraudación fiscal genérica o equiparada no debería de ser considerada una amenaza a la seguridad nacional, toda vez que generalmente se trata de omisión de contribuciones.
Sin embargo, de manera excepcional, podrían acreditarse casos concretos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuya comisión sí ponga en riesgo la estabilidad financiera y/o económica del Estado mexicano, pero en todo caso sería como consecuencia de diverso delito, normalmente acompañado de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, dijo.
Adelantó que esta reforma será cuestionada sobre su posible inconstitucionalidad, al pretender que la defraudación fiscal, o la defraudación fiscal equiparada, se consideren delitos que atentan contra la seguridad nacional, lo que no comparten.
“Estas leyes van a resultar un fracaso que tendrá que dirimir el Poder Judicial, pues no va a lograr mayor recaudación y si generará incertidumbre para las inversiones privadas, riesgos y tensiones a las empresas”, expresó la legisladora Mariana Rodríguez Mier y Terán, del PRI.
“Quienes se dedican expresamente a la facturación falsa son unos verdaderos delincuentes pues lo hacen con dolo, afectando las arcas públicas, con esto se acabará con el ‘huachicoleo fiscal’”, defendió el también legislador Mario Delgado, de Morena.
Puntos finos de la reforma » Se establece como delito la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
» Prevé las mismas sanciones al que permita o publique a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
» Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos.
» Aumenta las penas: impone sanción de cinco a ocho años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
