Uno de los aspectos en torno a los cuales existe amplio consenso, respecto de los principios de los derechos humanos con los cuales deben comprometerse las sociedades democráticas, es que los derechos no son ilimitados, es decir, que sí tienen límites y que estos deben estar claramente identificados.

A partir de esta concepción queda claro que nadie puede ejerce de forma abusiva sus derechos y que la frontera de lo “válido” se ubica allí donde el ejercicio del derecho propio impide que alguien más haga uso de sus libertades personales.

El derecho a la libertad de expresión, aun cuando se trata de uno con muy pocas restricciones –al menos en términos de los estándares construidos en el mundo democrático–, también está sujeto a dicha regla y, por lo tanto, su ejercicio implica el respeto a los límites inherentes a todo derecho.

Hacer referencia al marco conceptual anterior es indispensable para determinar si lo anunciado ayer por el Gobierno de la República, durante la conferencia “mañanera” del Presidente, debe asumirse como un compromiso de la administración de Andrés Manuel López Obrador con el establecimiento de los límites naturales al ejercicio de todo derecho, o como una evidencia de las pulsiones autoritarias de las que ha sido acusado constantemente.

El caso de análisis es, desde luego, la serie documental “Populismo en América Latina”, uno de cuyos capítulos está dedicado a la historia de quien hoy ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo en nuestro País.

Como se ha reseñado, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó ayer de la existencia de una presunta “red de intereses” que habría servido para financiar la realización de la serie –cuya transmisión fue suspendida en México– y que dará lugar a la presentación de denuncias por la presunta comisión de delitos electorales.

Diversas empresas e individuos han sido señalados de forma expresa por el funcionario como presuntos artífices de una red de complicidades que habría “atentado” contra los fundamentos de la democracia mexicana durante el pasado proceso electoral, al haber hecho posible la existencia de un producto documental que constituye, en estricto sentido, un ejemplo de ejercicio de la libertad de expresión.

¿Documentales como “Populismo en América Latina” sólo pueden realizarse si se demuestra previamente que el dinero utilizado en su realización –indispensable, por lo demás– proviene de fuentes absolutamente asépticas, es decir, carentes de interés en la agenda pública del País?

Responder de manera tajante, en sentido negativo o positivo, a la pregunta anterior es sumamente difícil. Por ello, decir que quienes financiaron el documental habrían incurrido en conductas ilícitas constituye un lance peligroso por parte de la administración de López Obrador y convoca a considerar que detrás de la “denuncia” de ayer en realidad se esconden pulsiones autoritarias.

La línea entre una y otra cosa es sumamente delgada. Y en ese contexto las formas cuentan y acaso lo son todo. Y las exhibidas ayer no dan para documentar el optimismo respecto del compromiso de esta administración con el respeto a derechos tan importantes como la libertad de expresión.