Libertad y calidad, satanizadas por AMLO
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Acaba de entrar en vigor una serie de modificaciones a la Constitución General de la República, principalmente a su artículo 3, en materia educativa. Al órgano encargado de realizar estos cambios (reformas, adiciones, derogaciones) a la Carta Magna, los tratadistas lo llaman Constituyente Permanente. Se trata de un órgano relativamente complejo, pues está formado por ambas Cámaras del Congreso de la Unión y las legislaturas locales.
Para que una modificación a la Constitución sea aprobada requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados y senadores presentes en su respectiva Cámara al momento de votarse. Y luego la aprobación de más de la mitad de los Congresos locales, es decir, al menos de 17, si bien en éstos por mayoría simple y no por calificada.
La iniciativa para los cambios constitucionales fue enviada a la Cámara de Diputados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para echar abajo la que él nombra la “mal llamada reforma educativa”, aprobada en 2013. Su nuevo proceso legislativo fue tortuoso y atropellado, particularmente en su etapa final porque no alcanzó a llegar a su término durante el pasado periodo legislativo de sesiones ordinarias, concluido en abril. Le faltó un voto en el Senado.
Menos de una semana después y luego que los jefes parlamentarios de Morena sostuvieron hasta nueve reuniones secretas con los líderes de la CNTE –se dijo y nadie desmintió–, se convocó a un periodo extraordinario a partir del 8 de mayo y que fue aún más atropellado.
Resultó que en un dos por tres la Cámara de inicio, que fue la de Diputados, en maratónica sesión celebrada el 9 de mayo aprobó el dictamen de 405 hojas que los legisladores apenas conocieron dos horas antes de la sesión, tiempo insuficiente para darle siquiera una lectura superficial; vaya, ni una rápida hojeada. Las mismas prácticas desaseadas de cuando el priismo era mayoría y que ahora con toda naturalidad emplea Morena. Dos días después el Senado hizo lo propio.
En la parte final de este proceso de reforma, la correspondiente minuta con proyecto de decreto se recibió en el Congreso de Coahuila el lunes 13, se dictaminó en comisiones el martes 14 y el miércoles 15 de mayo la discutió y aprobó el Pleno, naturalmente con el voto en contra de los nueve diputados de PAN.
El ejercicio de la Legislatura coahuilense resultó un tanto ocioso; los noticieros nocturnos del martes 14 informaron que habían dado ya su aprobación a la contrarreforma 17 congresos locales.
Casualmente el miércoles 15, “Día del Maestro”, en el momento en que los diputados locales de Coahuila discutíamos el dictamen de esa contrarreforma, el presidente López Obrador la promulgaba. E incluso ese mismo día, “tan significativo y simbólico”, se publicó en el Diario Oficial. Las maravillas que hacen la magia de la tecnología y la fascinación por los ritos simbólicos de la era priista, considerada por muchos muerta para siempre. Ahora vemos que no.
Me correspondió participar en tribuna para exponer los argumentos, de la posición en contra, de los diputados panistas. Empecé por señalar que no repetiría las razones aducidas por los diputados federales y senadores panistas durante el proceso legislativo, bien conocidas por el público interesado en el tema. Dije que daría otro enfoque a mi argumentación, consistente básicamente en cuatro puntos. De éstos sólo daré cuenta de dos, por razones de espacio.
Expresé que hay dos palabras, a la vez conceptos y valores, que parecen como proscritas, malditas, anatemizadas y no se les permite inscribirse o permanecer en la Constitución en la parte relativa a la educación, es decir, en el artículo 3. Son la libertad y la calidad (y la gemela de esta última: la evaluación).
En las Constituciones de un gran número de países democráticos el principio fundamental en materia educativa es la libertad de enseñanza. No puede haber ciudadanos libres si no se les educa con libertad. Cuando ésta no se permite, se troquelan las conciencias, práctica de los regímenes totalitarios.
En México, ha sido imposible incorporar al artículo 3 la libertad de enseñanza. Artículo que durante más de una década estableció que la educación debía ser socialista.
Pues bien, cuando López Obrador envió su iniciativa propuso derogar la fracción 7 del artículo 3, que es la que establece la autonomía universitaria y el principio de “libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas”. De inmediato lo notaron los diputados panistas y se produjo una generalizada reacción de protesta. El gobierno alegó que tal propuesta obedeció a un “error de captura” –que nadie creyó– y reculó.
La reforma de 2013 incorporó al artículo 3 cuatro veces la palabra calidad y otra el concepto sin mencionarla expresamente. Una en el párrafo tercero: “El Estado garantizará la CALIDAD de la educación obligatoria…”, que ha quedado derogado. La segunda en la fracción II: Uno de los criterios que orientará la educación obligatoria “será (el) de (la) CALIDAD, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos”. También está cancelada.
La tercera y cuarta vez aparecía esa misma palabra en la fracción 9:
“Para garantizar la prestación de servicios educativos de CALIDAD se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa… (al que) corresponderá … evaluar la CALIDAD, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional…”, se suprimen y se sustituyen por un sistema nacional de mejora continua de la educación, el cual no tiene como herramienta la evaluación.
Con esta contrarreforma –resultado del chantaje y extorsión de un violento grupúsculo al que se le pagan favores políticos–, la educación nacional, han afirmado los que conocen el tema, retrocede cuando menos tres décadas.