Festejo. Ayer se realizó un evento para celebrar los 15 años del ICAI. | Foto: Marco Medina
El organismo garante de la transparencia en el Estado llega a sus XV inviernos con “jalones de oreja” que no han hecho entender por completo a los entes públicos

A 15 años de que el Congreso del Estado aprobó la Ley del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, aún decenas de organismos públicos gubernamentales no han comprendido la garantía de los ciudadanos en conocer a fondo lo que se forma en los ejercicios de la función pública, al aferrarse a la opacidad, ignorando al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información. 

Pese a los cientos de llamados que les ha hecho el Instituto, que a lo largo de su carrera ha funcionado más como una catapulta para otros puestos. 

Como parte de los festejos de este décimo quinto aniversario, el ICAI convocó a una sesión solemne con la invitación de autoridades del Instituto Nacional de Acceso a la Información, y los excomisionados que pasaron alguna vez por la sala de sesiones del propio instituto estatal. 

Durante su mensaje, el comisionado presidente del Consejo del ICAI, Luis González Briseño, manifestó que hoy en día los sujetos obligados (o entes públicos) han avanzado en materia de transparencia, y manifestó que gracias al instituto, hoy en día se conocen los salarios de los funcionarios públicos, al igual que otros datos como licitaciones y ejercicios, que pueden abonar al combate a la corrupción en una parte posterior.

“Es una institución joven que se ha fortalecido y que es pionera en el norte del país. Estamos muy satisfechos con el trabajo. Antes no se conocía ni cuanto ganaba un servidor público. Ha habido un avance. La transparencia ha sido indispensable para poder combatir la corrupción y ser más transparentes”, expresó. 

En términos concretos, el ICAI es un organismo público constitucionalmente autónomo cuyas funciones sustantivas son garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en la entidad. 

¿LEY INSUFICIENTE? 

Sin embargo, a más de la década y media, la ley ha parecido ser insuficiente, pues las propias sanciones que se imponen a quienes no informan a los ciudadanos adecuadamente, en su mayoría quedan en apercibimientos públicos debido a que los servidores cuentan con una cadena de oportunidades desde que emiten su solicitud de información y pasan por el recurso de revisión, para reponer lo solicitado.

En este año, de acuerdo con información del comisionado presidente, se han resuelto alrededor de 900 recursos de revisión, cuyos casos son analizados por los diferentes comisionados, una vez que el ciudadano denunció su inconformidad ante la información proporcionada por una dependencia, o bien, por la nula respuesta que recibió.

En su más reciente sesión ordinaria, los recursos de revisión de los que se hicieron llamados no fueron suficientes, pues de 212 casos en los cuales identificó que 84 de los recursos de revisión, los sujetos obligados fueron reacios a responder con la información solicitada. Pero esa no fue la única ocasión. 

En la sesión que se llevó a cabo un mes antes por el mismo instituto, la secretaría ejecutiva detalló otra serie de dictámenes, donde manifestó que de 102 casos, en 50, las instituciones no cumplieron con lo resuelto por los comisionados en los recursos de revisión. 

De acuerdo con Luis González Briseño, estos procedimientos, dichas dependencias deben ser notificadas para garantizar el acceso, o de lo contrario, se harán acreedoras a una sanción entre las cuales se encuentra el apercibimiento público, multa o incluso la destitución de algún funcionario.

Pero, el caso más sonado en los últimos años donde se pedía la sanción más alta, fue el que se giró contra el exalcalde de Monclova, Gerardo García Castillo, donde después de una serie de llamados a reponer información y brindar el adecuado acceso, no contestó; sin embargo, dicho alcalde logró concluir su mandato en ese mismo año electoral, cuando incluso participó en el proceso de intercampaña con la intención de ser seleccionado por el PAN para contender a la gubernatura del Estado. 

Uno de los ejemplos de este ciclo de opacidad con la que pueden operar las instituciones pese a llamados del órgano garante de la transparencia en el Estado, fue publicado en las páginas de VANGUARDIA en días anteriores por el periodista Francisco Rodríguez, donde narró el proceso al que se enfrentó al solicitar información de interés público, para al final quedar en la misma situación de sus incógnitas sobre contratos que hizo la Secretaría de Finanzas con una empresa de joyas y muebles.

“Fueron dos solicitudes similares, distintas facturas. La Secretaría de Finanzas arbitrariamente me pidió viajar a Saltillo para conocer algo que puede digitalizar y poner en el sistema. Se pusieron dos recursos de revisión RR00001318 y RR00001218, pero las mismas pasaron sin pena ni gloria. El ICAI nunca las atrajo, no hubo discusión ni dictamen ni resolución. Allí quedaron, en el limbo del sistema de acceso a la información”, recuerda el periodista en su experiencia.

“Otro caso fue el de la solicitud del gasto en aeronaves. Finanzas reservó la información argumentando temas de seguridad. Se interpuso recurso de revisión y nunca hubo una resolución clara por parte del ICAI. Al final recibí nuevamente la misma respuesta de Fianzas: la reserva de la información, el ocultamiento de información pública”, expone Francisco Rodríguez.

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Así quedó, en el limbo.

Otro de los casos más sonados y reportados por VANGUARDIA, fueron las resoluciones que emitió el Instituto Nacional de Acceso a la Información en este año, donde hizo un llamado al ICAI para reponer dos dictámenes en los que le dieron la razón a las instituciones en los que le negaron el acceso a la información a los ciudadanos: uno era para el conocimiento de los nombres en las indagatorias en materia de corrupción turnadas a la Fiscalía Anticorrupción; y el otro tema, era el conocimiento específico de una serie de documentos supuestamente en poder de la Auditoría Superior del Estado, con el tema de la mega deuda de Coahuila. 

En ambos casos, las respuestas que han dado las instituciones no quedan claras en su totalidad.

La ley que lo constituyó a este instituto, fue publicada en el Periódico Oficial de Coahuila en el año 2003, siendo Eloy Dewey Saavedra el primer presidente comisionado del órgano colegiado integrado por cinco personas que se encargan de analizar el cumplimiento de la ley y sustentar sus decisiones frente a los sujetos obligados. 

EL TRAMPOLÍN 

Sin embargo, a partir de que Eloy Dewey fue presidente, varias caras reconocidas han transitado por el ICAI para catapultarse, ubicándose en otras instituciones, dándole una utilidad más al instituto.

Uno de los más recientes posicionamientos, que fungieron en aquél tiempo de inicial constitución del ICAI, fue Manuel Gil, exintegrante del Consejo de Participación Ciudadana y ahora Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Pero de ahí, también se desprenden otros nombres como el de Jesús Homero Flores, hoy Fiscal Anticorrupción de la Entidad; María Teresa Guajardo, secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas en el Estado; y Gabriela de León Farías, presidenta del Instituto Electoral de Coahuila.

Hoy por hoy, el ICAI ha operado alrededor de 12 meses con la ausencia de un comisionado más, situación que provoca que en un órgano colegiado donde los integrantes sean pares, el presidente del mismo tenga la última palabra. 

Sin embargo, de acuerdo con el propio Luis González Briseño, será hasta el próximo mes de marzo cuando se emita la convocatoria para ubicar a alguien en el puesto, pues afirmó que esta situación ya queda en manos del Congreso del Estado.

Llamados a misa
 
En su más reciente sesión ordinaria, el ICAI reportó que uno de cada tres recursos de revisión no fueron atendidos: 

  •  212 recursos de revisión 
  •  84 recursos rechazados por los entes