Según información obtenida vía transparencia, desde ese año, el Consejo de la Judicatura ha iniciado 533 expedientes para señalar responsabilidades administrativas contra servidores del Poder Judicial, para identificar prácticas negligentes en el desempeño de sus funciones, de los deberes y funciones propias del cargo

Desde el 2015, una avalancha de 216 amparos han sido promovidos contra resoluciones e investigaciones iniciadas por el Consejo de la Judicatura, ante expedientes iniciados por malas prácticas dentro del Poder Judicial de Coahuila.

Según información obtenida vía transparencia, desde ese año, el Consejo de la Judicatura ha iniciado 533 expedientes para señalar responsabilidades administrativas contra servidores del Poder Judicial, para identificar prácticas negligentes en el desempeño de sus funciones, de los deberes y funciones propias del cargo.

La información detalla que de estos expedientes, 181 fueron concluidos sin una resolución definitiva, por causas como la inactividad, la caducidad, la prescripción de la falta acusada o la incompetencia.

 

Por otro lado se aclara que del total de los procedimientos sólo han sido absueltos de las acusaciones 30 de los asuntos. En esa misma temporalidad, el Consejo de la Judicatura reportó que en 85 de los casos que restan, fue determinada la existencia de responsabilidades administrativas por parte de los funcionarios públicos, donde se expone que los asuntos se tratan de requerimiento de dádivas y conducirse en contra de los preceptos legales.

Sin embargo, la información proporcionada no detalla cuántos de los mismos asuntos solicitaron un amparo contra la determinación del Consejo de la Judicatura.

Pero sí informa que los 188 amparos, fueron promovidos en distintos momentos y que por año, los asuntos fueron de la siguiente manera: 28 amparos en 2015; 53 en 2016; 109 en  2017; 26 amparos en 2018, y para los asuntos del 2019 aún no se ha promovido ninguno.

Del mismo medio de impugnación, el Poder Judicial detalló que desde 2016 sólo se ha logrado declarar la improcedencia de seis amparos, mientras que en 14 de los casos, el medio estuvo bien fundado por parte del funcionario acusado.