El 24 de agosto de 2010, México despertó con una noticia que conmocionó al mundo entero y visibilizó la crisis de seguridad por la que atravesaba la población migrante, 72 cadáveres fueron encontrados en una bodega del municipio de San Fernando, en el vecino estado de Tamaulipas. 

Entre ellos, 58 hombres y 14 mujeres migrantes con las manos atadas; para cada una, un tiro de gracia en la cabeza, un arma de fuego; 72 personas asesinadas; un sólo sobreviviente: aquel que contó la historia. 

De las 72 personas migrantes encontradas, ninguna estaba relacionada con la delincuencia organizada, sin embargo, fueron estos grupos, con la complicidad de algunos agentes del Estado, los responsables. 

¿Fue este un crimen de lesa humanidad? Algunos teóricos lo sostienen bajo los fundamentos de los supuestos del artículo 7 del Estatuto de Roma, sin embargo, a pesar de tan trascendente tesis, a los 8 años del hallazgo, todavía ningún responsable intelectual ha sido encontrado, investigado o punido, por lo contrario, irregularidades jurídicas, errores en la fase de investigación e intentos de encubrir el crimen, han caracterizado el entorno de uno de los hechos delictivos más significativos de los últimos años. 

A raíz de la falta de procuración de justicia, dolosa o accidental, las familias de las 72 personas migrantes han sufrido de forma inimaginable ¿cómo se siente una madre de un hijo o hija desaparecida? ¿Qué tanto sufrimiento puede derivar de no saber si el cuerpo que te están entregando es de verdad el de tu ser amado?

Nadie, a menos que no haya vivido una experiencia similar, puede sólo mínimamente acercarse a medir la clase de sufrimiento de no saber cuál haya sido la suerte de tu ser querido, del cual posiblemente no te has despedido, a la cual no le has podido decir algo durante su última llamada, a la cual simplemente extrañas. 

Es el limbo entre duelo y esperanza lo que mata: la imposibilidad de desarrollar correctamente el proceso de despedida de la persona amada, pero al mismo tiempo la imposibilidad de dejar que esta se vaya, la imposibilidad de matar la esperanza. 

¿Y qué ha cambiado después de unos años? 

No sólo no se ha dado justicia para las 72 personas migrantes asesinadas en Tamaulipas, sino tampoco se ha garantizado un tránsito seguro para las miles de personas migrantes que cada año siguen cruzando el territorio mexicano, contrario a lo anterior, aumentan actos de xenofobia, de odio racial, de discriminación y criminalización, de políticas gubernamentales de detención masiva y negación de derechos, ¿por qué juzgar a las personas por desean una vida mejor?, ¿acaso el derecho a luchar por cumplir los sueños es sólo privilegio de ciertas nacionalidades o sectores?, ¿podremos algún día no sólo dejar soñar, sino apoyar para que otros cumplan sus sueños?, incluso, ¿algún día podremos soñar juntos? 

Como ciudadanos tenemos que participar activamente y empezar a exigirles a nuestras autoridades la implementación de acciones que nos garanticen el acceso a la justicia y el respeto a nuestros derechos fundamentales. Por lo que es necesaria nuestra organización de manera formal y propositiva, que nos permita una incidencia positiva en la generación de políticas públicas en la procuración e impartición de justicia para nosotros los mexicanos y los migrantes que buscan una mejor vida. 

Alberto Xicoténcatl 
Director de la Casa del Migrante de Saltillo @CDMSaltillo
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