Hay enojo, frustración, coraje. Incluso rabie e impotencia. Se entiende.

En general, cuando alguna persona o grupos de personas protestan o exigen algo, es lógico que existan esos sentimientos, esas emociones. Seguramente se han agotado varias instancias, varios caminos antes de decidirse a salir y tomar las calles o bloquear alguna vialidad o recinto.

Y así, somos testigos cotidianos de manifestaciones, de concentraciones y marchas que buscan modificar alguna práctica –regularmente por parte del gobierno–, alguna disposición o ley, algún acuerdo.

En ocasiones –quizá las menos– sabemos en qué terminan esas movilizaciones. ¿Se resolvieron favorablemente –para los manifestantes– los temas? ¿Se modificaron los términos –y en qué forma- del acuerdo o de la ley? Lo que sí es muy claro, –también la mayoría de las veces– es la afectación que se llega a provocar a terceros, los inconvenientes para desplazarse por los puntos bloqueados, la imposibilidad de transitar o de llegar a tiempo a las citas previstas, a los compromisos o lugares de trabajo.

Y entonces surge, inevitablemente la pregunta ¿Hasta dónde se vale llegar en la protesta? ¿Hasta dónde se puede –legítimamente– ejercer esa presión? ¿Cuál es el límite? ¿Existe tal?

El cerco a la Cámara de Diputados cumplió dos semanas. Organizaciones campesinas protestan por lo que consideran una disminución en los recursos asignados al campo y demandan, al Gobierno federal, la reasignación de 30 mil millones de pesos para la agricultura. Dicha protesta provocó que se suspendieran las sesiones programadas durante ese lapso y propició, como consecuencia, que se difiriera la discusión del dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación, cuya fecha límite para su aprobación –por ley– era el 15 de noviembre.

Más allá de las técnicas –y tácticas legislativas, como “parar el reloj” de la sesión para que la misma se reanude en el momento que sea posible y se “cumpla” con lo que prevé la ley– es este un ejemplo más, de los que diariamente se presentan, de ese “limite” inexistente que hoy tiene la protesta –o las protestas– en nuestro País.

Lo mismo el tomar una caseta en la carretera, bloquear una avenida principal o cerrar los accesos -o salidas- de recintos públicos o privados, parece que dichas acciones de presión no tienen limitante alguna e, incluso, cualquier acción por parte de la autoridad para restablecer “el orden” llega a ser “mal visto” o condenado por algunos sectores de la sociedad.

El propio gobierno de la Ciudad de México presentó recientemente un marco de actuación para bloqueos y manifestaciones en vialidades primarias, a través del cual se busca garantizar la libertad de expresión y el libre tránsito. Este protocolo prevé, entre otros aspectos, analizar formas alternas de protesta, con el fin de liberar los espacios o las vías afectadas.

¿Será esta la respuesta? Sigue siendo la pregunta que diariamente nos hacemos, en tanto continúan –sin visos de solución– las concentraciones y manifestaciones, llegando cada vez más a un límite que nadie, estoy seguro, queremos ver.