Los orígenes de la desconfianza

Un vicio clásico de nuestra clase política es el consistente en aplicar las reglas de forma selectiva, es decir, con rigor absoluto o con laxitud absoluta según convenga a los intereses de quienes se encuentran en la posibilidad de aplicarlas en el momento.

La persistencia en esta conducta se ubica, huelga decirlo, en la base de la justificada desconfianza ciudadana hacia las autoridades y en la resistencia endémica que los particulares muestran a someterse a la ley, pues se considera que solamente aquéllos que no cuentan con “padrinos” o “influencias” son realmente obligados a cumplir las reglas.

Un buen ejemplo de ello lo constituye el reporte periodístico que publicamos en esta edición, relativo a la forma en la cual la titular de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), Yezka Garza, fue “excusada” de cumplir con uno de los requisitos “indispensables” que contemplaba la ley para ocupar el cargo en el cual se desempeña: practicarse y acreditar los exámenes de control y confianza.

Tal como se documenta en el reporte, la respuesta a una serie de solicitudes de acceso a la información aportó evidencia en el sentido de que, pese a estar obligada, la titular de la Pronnif nunca se sometió a los referidos exámenes y, al final, pareciera que las autoridades estatales prefirieron modificar la ley antes que obligarla a pasar las pruebas.

El titular de la Secretaría de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez, estuvo incluso dispuesto a mentir, afirmando que los exámenes de los altos mandos –como sería el caso de Yezka Garza– no se practican a nivel local, sino que los realizan en la Procuraduría General de la República o en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional de la Secretaría de Gobernación.
La investigación periodística realizada demostró que la información proporcionada por el responsable de la política interna del Estado, al menos en lo relativo al examen al que debió someterse la titular de la Pronnif, era falsa, pues ninguna de las dos dependencias dijo tener antecedente alguno de que ésta hubiera acudido a practicarse los referidos exámenes.

Tras el largo periplo necesario para evidenciar la falsedad en las declaraciones, una nueva petición de información, a la Secretaría de Gobierno de Coahuila, arrojó una respuesta diferente a la original: Yezka Garza no se ha practicado los exámenes de control y confianza porque no está obligada a ello… ¡debido a una reforma legal realizada en marzo de este año!
Resulta obligado preguntar por qué se diseña una norma con determinadas obligaciones –obligaciones que presuntamente estarían orientadas a generar confianza– para luego tirarla a la basura solamente porque a quien se colocó al frente de una dependencia no quiere o no puede –o ambas cosas– someterse a las reglas establecidas.

Nadie debe sorprenderse que ante la proliferación de este tipo de casos, la credibilidad de las instituciones quede dañada de forma irreparable, pues en el ambiente quedará flotando permanentemente la pregunta: ¿qué oculta la titular de la Pronnif que es preferible cambiar una ley antes que someterla a un examen que garantice su confiabilidad?

¿qué oculta la titular de la Pronnif que es preferible cambiar una ley antes que someterla a un examen que garantice su confiabilidad?