Los periodistas

La maestra Elba Esther Gordillo demandará a Carlos Loret de Mola por daño moral. El caso remite a la situación de los periodistas en México. 

Para su abogado, Marco Antonio del Toro, Elba Esther padeció “persecución política” por oponerse a la reforma educativa, la acusación tenía “tintes políticos” y hubo “campaña de desprestigio”. Sin demostrar que Loret de Mola fuera el causante de su mala fama, el penalista anunció una demanda por daño moral y lo acusó de hacer “imputaciones tendenciosas y falsas” por publicar “fotos del momento de la detención”. El abogado juguetea con una atrevida tesis: la maestra “no es corrupta porque fue absuelta judicialmente”. 

Me solidaricé en redes sociales con el presunto demandado y entre mis interlocutores privó una opinión negativa sobre la calidad del trabajo y las motivaciones de Loret de Mola. No comparto las descalificaciones; lo considero un profesional que escribe columnas claras y con información original. Otra causa de mi apoyo es la problemática del periodista mexicano. 

Ser crítico en México tiene el riesgo de recibir amenazas u hostigamientos por quienes desean acallar voces incómodas. La vulnerabilidad ha crecido y se ha diversificado. Se han puesto de moda las demandas por daño moral que incluyen exigencias de indemnizaciones millonarias. Hace dos años el profesor Humberto Moreira –exgobernador de Coahuila y expresidente del PRI– me llevó a tribunales pidiendo diez millones de pesos para reparar su abollada reputación. Este año, el exgobernador Eruviel Ávila demandó por el mismo monto al colega Humberto Padgett. 

Se salgan o no con la suya, someten al periodista a un gran desgaste por el tiempo empleado, el dinero gastado y la incertidumbre generada. Es cierto que hay algunos jueces honestos, pero en ese mundo la norma es la corrupción, el tráfico de influencias y la indiferencia al criterio de malicia efectiva. El desamparo se agrava porque los organismos públicos que deberían proteger periodistas jamás hacen acompañamiento jurídico. 

Loret de Mola trabaja en consorcios empresariales poderosos. Ignoro las políticas de Televisa, El Universal o Radio Centro, pero la mayoría de las empresas de comunicación no respaldan económicamente a los periodistas demandados por daño moral. Conozco a colegas que han tenido que hipotecar sus casas para pagar al litigante y cubrir los gastos generados por juicios interminables. 

Los respaldos, cuando los hay, provienen de la buena voluntad de algunos bufetes jurídicos que donan parte de su tiempo a la defensa de periodistas y a los escasos organismos civiles nacionales e internacionales que protegen a periodistas. En mi caso estoy representado por Artículo 19 ante los organismos públicos que protegen a periodistas y el despacho jurídico de Héctor y Sergio Beristain lleva pro bono el interminable litigio con Humberto Moreira, aunque yo cubro los gastos. 

Desde hace años presido una organización, CIC Propuesta Cívica, que representa jurídicamente a periodistas y defensores amenazados. Lo hacemos de manera gratuita por recibir financiamientos de diversas fundaciones. Hemos defendido a 81 periodistas en 26 estados de la República (incluidos los más violentos) y el principal criterio que tenemos para aceptar un caso es que la amenaza recibida por el periodista sea consecuencia del ejercicio periodístico. 

Carlos Loret de Mola cumple con este requisito porque tiene años criticando, con evidencias, las prácticas y dispendios de Elba Esther Gordillo. Su crítica ha sido consistente y ha calado, porque a los pocos días de ser liberada su abogado anuncia una demanda contra el mensajero, pero se muestra recatado frente a quienes la pusieron tras las rejas; el litigante reconoció que apenas están evaluando “si se demanda a quienes la acusaron”, es decir a Enrique Peña Nieto.

¿Negociación cupular?
Hay periodistas deshonestos y corruptos y los afectados tienen derecho a defender su honor siempre y cuando la reparación exigida sea razonable. Resultan inaceptables las demandas que pese a carecer de los requisitos de procedencia de  ley, son aceptadas por jueces sin criterio. En tanto siga la indefensión, la solidaridad gremial deja de ser opción y se convierte en obligación.
   
 Twitter: @sergioaguayo
Colaboró Mónica Gabriela Maldonado Díaz