Magisterio-Congreso: ¿aún hay espacio para el diálogo?

Las instalaciones del Poder Legislativo del Estado fueron tomadas ayer por integrantes de la Coalición de Trabajadores de la Educación de Coahuila, un amplio grupo de derechohabientes del servicio médico del magisterio coahuilense que viene presionando desde hace varios años en reclamo por mejorías en el servicio.

Como se ha informado ampliamente, los integrantes de la Coalición han señalado en forma reiterada el virtual estado de bancarrota en el cual se encuentra el sistema de seguridad social del magisterio y han reclamado de los poderes públicos de la entidad respuestas que atiendan el fondo del problema.

La relación entre los profesores jubilados y el Gobierno de Coahuila ha estado caracterizada por la rispidez desde hace tiempo. Ayer, sin embargo, la tensión terminó por romper la cuerda y con ello el diálogo, pues los manifestantes obligaron a los integrantes de la Legislatura a suspender su sesión ordinaria en reclamo por la no inclusión del dictamen de una propuesta de reformas, presentada por ellos mismos, en el orden del día.

La posición que, el menos en principio, asumió el Poder Legislativo fue la de señalar que, en acuerdo previo con los jubilados se estableció un plazo, para dictaminar la propuesta, cuya fecha límite es el próximo 10 de octubre.

Desde la perspectiva de nuestros representantes populares, el “asalto” a la tribuna parlamentaria no tendría justificación, porque ellos aún tienen tiempo para analizar la propuesta que se les presentó y, en consecuencia, no han incumplido lo pactado.

La respuesta que surge del otro lado de la mesa es que la discusión no es nueva, que el magisterio coahuilense tiene años esperando atención y que hay individuos que están en riesgo de perder la vida mientras el trámite parlamentario avanza a paso lento.

Claramente el diferendo no puede resolverse a partir de discutir un tecnicismo como el aludido por quienes integran la Legislatura Estatal. Y no puede resolverse así porque la confrontación ha escalado a un nivel que ya no admite este tipo de respuestas.

Eso no implica, desde luego, que los manifestantes tengan la razón en su intento de mantener “tomadas” las instalaciones del Congreso hasta que el dictamen de su iniciativa “aparezca”. Pero lo que sí implica es la necesidad de que aparezcan -y pronto- las voces que sean capaces de sentar a la mesa a las partes, a fin de acordar una solución útil para todos.

¿Cuánto tiempo necesitan nuestros legisladores para dictaminar la iniciativa? ¿Qué tipo de respuesta puede ofrecerse a partir de lo que han planteado los peticionarios? ¿Qué tanto espacio real existe para obsequiar la demandas -justas por lo demás- de los beneficiarios del servicio médico de la 38?

Las respuestas a las preguntas anteriores tendrían que ser colocadas sobre la mesa y deliberarse de forma transparente y sensata por ambas partes, pues de lo contrario se corre el riesgo de que los ánimos se crispen hasta un punto en el cual el diálogo se vuelva imposible y eso implicaría ingresar en el terreno del perder-perder.

Es de esperarse en este sentido, que las voces sensatas no tarden demasiado en hacerse presentes.