Dos eventos relativos a la defensa de los derechos humanos marcaron la agenda de la semana en la entidad: la realización del seminario “La protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Coahuila. Retos y desafíos actuales”, y la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

En ambos casos las/los grandes protagonistas –involuntarios en su condición, admirables en su determinación, coraje y estoicismo– han sido las familias de las víctimas –mujeres en su gran mayoría– quienes han asumido un rol determinante en el proceso de forzar al Estado a cumplir con sus responsabilidades en relación con la tragedia humanitaria padecida en el País.

Sus voces, sus acciones, su intransigente reclamo de justicia nos han recordado, una vez más, la magnitud del horror, la dimensión monstruosa de las heridas causadas en el cuerpo social a partir del abandono de las responsabilidades públicas y la virtual “entrega” de los ciudadanos a manos de la criminalidad.

No soslayo, desde luego, el perturbador balance relativo a la trinchera periodística ni, mucho menos, la gravedad de la situación por la cual atraviesa el ejercicio del oficio en nuestro País. El Seminario organizado por la Academia Interamericana de Derechos Humanos sirvió para insistir en la inaceptable realidad actual: México es el país más peligroso del planeta para ejercer la tarea de comunicador.

Sin embargo, destaco la situación de las víctimas de desaparición y de los activistas de derechos humanos porque, a diferencia de los periodistas, se trata de un grupo social con menores posibilidades de multiplicar su voz, en comparación con las de quienes se dedican al periodismo.

Lo hago también porque existe, en el coro de voces de la sociedad civil, una en particular digna de ser destacada por la lucidez, la claridad y la responsabilidad desde la cual formula sus reclamos: la de Blanca Martínez Bustos, directora del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.

Blanca participó en una de las mesas del Seminario –realizado el martes pasado– y en ella compartió su experiencia como defensora de derechos humanos cuya exigencia es la impartición de justicia en relación con los casos de personas desaparecidas. Su participación ha sido uno de los ejercicios de pedagogía ciudadana más inteligentes y útiles a los cuales he tenido oportunidad de asistir.

Me sorprendió su capacidad para caracterizar el fenómeno y para identificar los aspectos del mismo a los cuales debe prestársele atención especial. Su visión no es la de una defensora para quien la tarea se restringe a reiterar las muchas carencias de la autoridad, sus limitaciones –en preparación y en visión– o sus torpezas.

Adicionalmente entiende, con una claridad deseable en muchos funcionarios públicos, la necesidad de articular esfuerzos, entre la sociedad civil y las instituciones públicas, a fin de acelerar el proceso de construir capacidades gubernamentales y, con ello, convertir a las instituciones públicas en auténticas garantes de nuestros derechos.

Pero no sólo eso: también es capaz de reconocer la existencia de diferencias en la perspectiva desde la cual ven el problema los distintos colectivos de víctimas y, a partir de ello, asume la necesidad de concentrarse en los puntos de coincidencia para avanzar hacia la construcción del modelo de atención integral por el cual vienen pugnando desde hace años.

En este sentido, Blanca aparece como una activista atípica, ajena a la estridencia –justificada, es verdad, pero estéril al final– tan común entre quienes se arrogan la representatividad de la sociedad civil, así como el monopolio de la bandera de “lo ciudadano”.

Tuve la oportunidad de comentarlo en el Seminario pero no puedo evitar dejarlo por escrito, entre otras cosas porque considero indispensable reconocer sin ambigüedades a quienes, desde la trinchera de las organizaciones civiles, aportan elementos de lucidez a la discusión de los problemas públicos: la de Blanca es la voz más inteligente –de entre aquellas a las cuales conozco– en la trinchera de la ciudadanía organizada.

Su experiencia debería ser aprovechada por quienes han sido designados ya para integrar el Grupo de Trabajo para el seguimiento de la situación de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Coahuila, no solamente porque eso implica la posibilidad de evitar caer en errores ya cometidos en el pasado, sino porque se trata de un ejemplo a seguir.

No se trata, es preciso dejarlo claro, de una voz complaciente ni, mucho menos, obsequiosa. Se trata de una voz en la cual la exigencia de justicia y el señalamiento de las insuficiencias en el actuar de los funcionarios públicos se manifiesta sin fisuras ni concesiones. Pero también es una voz en la cual es apreciable, enseguida, el ánimo de construcción.

Por ello debería multiplicarse su ejemplo. Porque necesitamos con urgencia, no me cabe duda, más activistas como Blanca.

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3

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