Informe. Detalla que México requiere de mecanismos internacionales para combatir la corrupción. / ESPECIAL
Citan una declaración del caso Allende -facilitada por la Procuraduría General del Estado- donde los Zetas tuvieron reuniones con el director de Seguridad Pública Roberto Guadalupe Treviño Martínez y el alcalde Sergio Alonso Lozano Rodríguez, donde se informó que “las cosas se iban a poner feas” y no debían intervenir.

La masacre en Allende, Coahuila, junto a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, son eventos violentos que han sido considerados como casos de “Corrupción que Mata” según estudios realizados por la organización Open Society Justice Iniciative.

En el año 2016 la organización que promueve los derechos humanos y el estado de derecho para construir sociedades más abiertas en todo el mundo, realizó una investigación junto con otras cinco asociaciones mexicanas de derechos humanos la cual arrojó como conclusión que los dos eventos fueron considerados crímenes de lesa humanidad.

La masacre de Allende ocurrida en el año 2011, donde se asesinaron a  aproximadamente 300 personas (incluyendo niños) y los homicidios cometidos de 2009 a 2012 en el Cereso de Piedras Negras, orillaron a los investigadores a plantear cuestionamientos sobre si los funcionarios públicos pudieron haberse coludido con el crimen organizado.

En primer lugar, por sus acciones u omisiones del cartel de los Zetas a quienes se acusó del crimen, y por otra parte se vincula la posible colusión con crecientes indicios de que los crímenes no fueron incidentes aislados.

“Hay fundamentos para creer que al menos altos funcionarios estaban al tanto de los crímenes y acordaron no intervenir. Tal parece que otros se enteraron de los crímenes mientras ocurrían y no intervinieron o no realizaron las investigaciones adecuadas después del hecho”, informa Open Society Justice Iniciative en “Corrupción que Mata”.  

Citan una declaración del caso Allende -facilitada por la Procuraduría General del Estado- donde los Zetas tuvieron reuniones con el director de Seguridad Pública Roberto Guadalupe Treviño Martínez y el alcalde Sergio Alonso Lozano Rodríguez, donde se informó que “las cosas se iban a poner feas” y no debían intervenir.

 Al parecer, ésta no habría sido la primera vez que el Alcalde se reunía con miembros de los Zetas porque los residentes de Allende testificaron ante la Procuraduría General del la República (PGR), que el Alcalde recibía al líder de los Zetas, Germán Zaragoza Sánchez, en su casa con regularidad, apunta el informe.

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Testimonios
También, testimonios proporcionados al subfiscal para la investigación y registro, dan cuenta que los delincuentes ordenaron no salir a patrullar ni responder a ningún llamado de ayuda.

“Los Zetas comenzaron su ataque en el rancho de los Garza. Según informes de investigación, alrededor de las 6:30 o 7:00 p.m., un grupo de Zetas acompañados por varios policías municipales, usaron una camioneta para romper la entrada principal” del rancho Garza y entraron disparando contra todos los presentes incluyendo ancianas y niños. Este rancho se convirtió en el escenario de una serie de asesinatos y “cocciones” es la narrativa del también estudio.

Explica con base en declaraciones del coordinador de investigadores de la subprocuraduría de personas desaparecidas en Coahuila, que se ingresó a los domicilios, los saquearon y los quemaron, después asesinaron a las personas y finalmente las quemaron en una bodega.

“Varios bomberos confirmaron que vieron a miembros de la policía municipal en el rancho y que la policía no intervino a pesar de ver personas siendo golpeadas y oír los gritos”, detallaron.

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En la investigación, los ataques de Allende y Piedras Negras fueron elegidos por su carácter sistemático y la magnitud con la que se perpetraron –ambos elementos contextuales importantes para analizar los crímenes de lesa humanidad-, su clara conexión con los miembros de los Zetas y la creciente evidencia que sugiere que algunos actores estatales coludieron de manera directa o indirecta con el cártel en la comisión de los ataques, destaca la investigación.

La Open Society Justice Iniciative indicó que casi tres años después, la situación en México se ha deteriorado aún más, debido a que en el año 2017, México experimentó su año más violento en dos décadas, con más de 25 mil homicidios superando, incluso las cifras del año 2011.

Se requieren mecanismos internacionales
Investigadores que formularon el estudio hacen énfasis en la necesidad de un mecanismo de investigación internacional basado en las necesidades sociales del País, pero integrado por personal nacional e internacional, con la autoridad para investigar independientemente y, eventualmente perseguir los crímenes atroces.

Afirmaron que este mecanismo podrá complementar y apoyar ciertos procedimientos penales genuinos, a nivel estatal y federal, a través de asistencia técnica, abriendo el camino para incrementar los niveles de rendición de cuentas en todo el País

Aseguraron que este mecanismo podrá complementar y apoyar ciertos procedimientos penales genuinos, a nivel estatal y federal, a través de asistencia técnica, abriendo el camino para incrementar los niveles de rendición de cuentas en todo el País.