Especial
500 periodistas, funcionarios, empresarios y productores de medios de comunicación fueron espiados por los servicios de inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri

Casi 500 periodistas, funcionarios, empresarios y productores de medios de comunicación fueron espiados por los servicios de inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri. 

Cristina Camaño, actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, radicó la denuncia en el Juzgado Federal 11. Los imputados son el ex presidente Mauricio Macri y Gustavo Arribas, titular de la AFI durante el gobierno de Cambiemos.  

Según la denuncia, el ex presidente y Arribas violaron el inciso 2 del artículo 4 de la Ley N°25.520 que prohíbe “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

El objetivo del espionaje fue la persecución y armado de causas contra opositores; en especial contra Cristina Fernández de Kirchner, convocada este lunes por el juez que investiga la causa para reconocer la autenticidad del material del espionaje ilegal en su contra.

Además se supo que bajo las órdenes del ex presidente se elaboraron fichas con información personal, vínculos laborales y tendencias ideológicas de más de 400 periodistas que se acreditaron para cubrir la Cumbre del G-20 y la reunión de la Organización Mundial de Comercio de fines de 2018 en Buenos Aires.

En 2009, durante su paso por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri ya había sido denunciado por espionaje ilegal. La investigación, que en 2018 la Cámara de Casación Federal dejó sin efecto, reveló que el espionaje abarcaba a líderes opositores, además de empresarios y sindicalistas.

Ahora las pruebas aportadas a la causa radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº11, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, confirman que se trata del mayor caso de espionaje ilegal desde la recuperación de la democracia.

(Tomado de Nueva Tribuna)

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