La “severidad” de las medidas se verá traducida en la imposición de multas a quienes no porten cubrebocas en la vía pública o deambulen “sin necesidad” en las calles.

El Gobierno de Coahuila anunció ayer que implementará medidas más severas para forzar el confinamiento de las personas y garantizar que la movilidad se reduzca al mínimo a medida que, de acuerdo con las proyecciones epidemiológicas, nos adentramos en la peor etapa de la pandemia.

La “severidad” de las medidas se verá traducida en la imposición de multas a quienes no porten cubrebocas en la vía pública o deambulen “sin necesidad” en las calles.

También se hará más estricto el control de los traslados intra e intermunicipales mediante el reforzamiento de los filtros de verificación que vigilarán el tránsito de personas, tarea en la cual participará personal sanitario y de seguridad pública.

Para darle fuerza legal a las medidas, la administración que encabeza Miguel Riquelme Solís emitió un par de decretos en los cuales se establecen las reglas específicas, a implementarse a partir de este fin de semana, y que definen las restricciones a la movilidad de las personas.

Que las medidas específicas estén contenidas en decretos constituye, sin duda, una medida importante, pues eso les da certeza a ciudadanos y autoridades acerca del marco dentro del cual deben mantenerse las acciones de unos y otros. En ese sentido, debe reconocerse la actitud del Gobierno de Coahuila por otorgar certidumbre a la población.

Habrá que analizar, desde luego, el contenido de los decretos para saber si estos logran alcanzar el equilibrio entre la protección de la salud pública y la garantía de los derechos individuales. De entrada, sin embargo, es buena noticia que las reglas se definan mediante un acto jurídico.

No parece la mejor idea amenazar con afectar el bolsillo de las personas –de por sí ya perjudicado– como medida para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones"

Con independencia del señalamiento anterior, no parece la mejor idea amenazar con afectar el bolsillo de las personas –de por sí ya perjudicado por las consecuencias económicas de la pandemia– como medida para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones.

Se trata, desde luego, del impulso primario al que solemos entregarnos cuando pensamos en la fórmula idónea para garantizar que se cumpla una medida considerada necesaria: imponer un castigo como mecanismo disuasor.

La lógica la conocemos todos: el temor al castigo hará que las personas se inhiban de incurrir en la conducta que se pretende evitar. Sin embargo, los ejemplos de que tal fórmula carece de eficacia absoluta son múltiples y seguramente lo atestiguaremos durante los próximos días.

Como se ha dicho con anterioridad, sin duda, es necesario que todos contribuyamos a garantizar que la velocidad de propagación de la pandemia se reduzca y esta es una responsabilidad personal que todos debemos asumir porque a todos beneficia.

Pero también es necesario tener claro que, quienes no tienen más remedio que salir a buscarse el sustento diario, encontrarán formas de burlar la disposición oficial y en esos casos resulta indispensable que la autoridades actúe más con un criterio humanista que con uno punitivo.