Una de las preguntas que con mayor insistencia se formulan en Coahuila en los últimos años es por qué a ninguna autoridad parece resultarle importante investigar los hechos ocurridos alrededor de la contratación y uso irregular de la denominada “megadeuda”.

Y la pregunta se hace con mayor intensidad en la medida en que, por hechos relacionados directamente con este episodio de nuestra historia reciente, en Estados Unidos se investiga a diversas personas –exfuncionarios de Coahuila entre ellos– y se les han abierto procesos penales.

Parte de la respuesta a dicha interrogante ha quedado clara en las últimas semanas, a partir de que la persistencia de una ciudadana obligó a las autoridades locales a poner a disposición del público documentos y datos relativos a la contratación y ejercicio de los recursos que hoy seguimos pagando los coahuilenses.

Como se recordará, el INAI revocó recientemente un acuerdo del ICAI que había permitido mantener en la oscuridad información sobre el tema y eso obligó, en última instancia, a que la Auditoría Superior del Estado (ASE) –que inicialmente dijo no contar con la información– pusiera a disposición del público diversos documentos.

 

La coartada a partir de la cual se nos ha dicho que no se investiga, es que luego de revisar las cuentas no se ha encontrado ninguna irregularidad en el manejo de las finanzas públicas de Coahuila"

Entre esos documentos, como lo consignamos en el reporte que hoy publicamos, se encuentran oficios que en su momento la ASE remitió a dos titulares de la Secretaría de la Función Pública, hoy Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Coahuila, solicitándoles la imposición de sanciones administrativas.

Hasta en dos ocasiones la ASE le planteó a María Esther Monsiváis Guajardo y a Jorge Verástegui Saucedo el inicio de procedimientos administrativos en contra de Jesús Ochoa Galindo e Ismael Ramos Flores, por no haber entregado a tiempo diversa documentación que le fue solicitada.

En retrospectiva es posible decir que tales procedimientos nunca se iniciaron o, en el mejor de los casos, aun cuando se hubieran iniciado no concluyeron en sanción alguna, porque ambos exfuncionarios no aparecen en el Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Función Pública.

De hecho, en tal registro solamente aparecen Héctor Javier Villarreal Hernández y Sergio Ricardo Fuentes Flores, ambos con una sanción de inhabilitación por 10 años.

La coartada a partir de la cual se nos ha dicho que no se investiga aquí, es que luego de revisar las cuentas estatales no se ha encontrado ninguna irregularidad en el manejo de las finanzas públicas de Coahuila.

El problema con esta versión es que las autoridades de Estados Unidos han encontrado millones de dólares a individuos como Javier Villarreal y Jorge Torres, cantidades cuyo origen lícito no han podido demostrar e incluso han entregado “voluntariamente” a dichas autoridades.

Ambas historias, lo sabemos hace mucho tiempo, no cuadran entre sí y eso implica que alguien miente. La acumulación de evidencia va dejando cada vez más claro cuál de las dos historias es falsa.