Es de esperarse que las autoridades responsables –en este caso la Fiscalía Anticorrupción– no se limiten a perseguir y condenar a los integrantes de más bajo rango, sino que lleguen hasta el fondo de los hechos 

Lo que se podía sospechar desde el principio está –al menos en apariencia– cobrando forma legal en la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila: comienza a precisarse el listado de quienes participaron en el escándalo de tramitación de los “juicios masivos” del Infonavit, trama que ha involucrado, en primer lugar, a 18 funcionarios judiciales de nuestra entidad.

En una primera instancia, de acuerdo con lo revelado por el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Jesús Homero Flores Mier, se ha identificado una media docena de despachos de abogados que habrían sido contratados por el Infonavit para tramitar en su nombre los más de 100 mil juicios radicados en juzgados de Torreón, Sabinas y Parras de la Fuente.

Como hemos informado en su oportunidad, el primer detalle que llama la atención, respecto de los juicios tramitados en Coahuila, es el hecho de que sólo un pequeño porcentaje de estos corresponden a créditos de casas construidas en el territorio de nuestra entidad, lo cual implica que decenas de miles de derechohabientes habrían sido condenados en juicios de los que ni siquiera estuvieron enterados.

La actual administración del Infonavit ha dicho al respecto que Coahuila se convirtió en un auténtico “paraíso” de los juicios masivos, pues casi una tercera parte de todos los emprendidos en el País se realizaron en nuestra entidad.

Y como se ha señalado ya, resultaría ingenuo creer que los funcionarios judiciales del estado –seis jueces y 12 secretarios de estudio y cuenta–, a quienes ya se les han iniciado procesos penales, fueron los únicos involucrados en la trama.

De acuerdo con especialistas, el monumental fraude perpetrado a través de estos juicios –que permitieron vender a través de subastas las casas “recuperadas” – implicaría ganancias por decenas de miles de millones de pesos para quienes participaron del mismo.

Tan sólo los despachos de abogados, que al tratarse de una institución pública cobran una cuota fija por caso, habrían obtenido ganancias de cientos de millones de pesos por sus servicios, lo cual hace suponer la existencia de una millonaria bolsa de sobornos para los funcionarios que se prestaron al engaño.

Con la identificación de los despachos de abogados involucrados, la indagatoria se aproxima a lo importante: a los “peces gordos”, que seguramente se ubican en la punta de la pirámide de corrupción y quienes habrán obtenido las mayores ganancias económicas.

Es de esperarse, como ya se ha dicho, que las autoridades responsables –en este caso la Fiscalía Anticorrupción– no se limiten a perseguir y condenar a los integrantes de más bajo rango en esta historia, sino que lleguen hasta el fondo de los hechos para identificar, perseguir y castigar a quienes orquestaron el plan, seguramente desde la parte más alta de la estructura gubernamental.

Que caigan los “peces gordos” y no solamente los eslabones más débiles de la cadena. Sólo si eso se hace el castigo a este episodio se convertirá en un referente para bien.